A trasmano, pero ostensiblemente, los intereses contrarios a reformar la ley federal de radio y televisión utilizan a un grupo de diputados para entorpecer los trabajos que en el Senado se encaminan a efectivamente establecer el régimen que en aquella materia urge en nuestro país.
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara despertó súbitamente de un letargo que había dificultado sus sesiones y, por consecuencia, ocuparse de ocho iniciativas de enmienda que yacían empolvadas en sus archivos. Se trata de mociones presentadas entre el ya remoto 1996 y el año pasado. No se habían interesado ellas y hasta el presidente de la Comisión, el panista Lionel Funes Díaz había dado por terminada su función en San Lázaro. De no ser porque los votantes del municipio de Nezahualcóyotl tuvieron una opinión contraria a la suya y la expresaron en las urnas, a esta hora ese legislador sería alcalde de aquel municipio, y ni se hubiera acordado de aquellos proyectos. Pero he aquí que, de regreso a su curul, y ante una invitación senatorial para participar en sesiones de reforma iniciadas en diciembre pasado, Funes y colegas suyos de varios partidos declinaron asistir y presentaron su propio predictamen.
El hecho sería plausible si se tratara de una emulación legislativa, y aun sería explicable si lo que motivara esa posición fuera el celo camaral, el no mostrar que se va a la zaga de la colegisladora. Pero parece algo peor: parece que esos diputados se han puesto al servicio o al menos en la misma línea obstructora de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión que también declinó asistir a las sesiones de consulta que organiza una subcomisión senatorial.
Los diputados repiten casi literalmente, los argumentos de los grandes consorcios de la televisión, que dominan la CNIRT. Contra la idea generalizada en la consulta senatorial de integrar una nueva autoridad en materia de radio y televisión, los conservadores de San Lázaro advierten contra “constituir comisiones que salen de nuestro marco constitucional” y permiten “el avance de la discrecionalidad”. Además dicen los diputados, convertidos en los hechos, en voceros de los concesionarios (pues repiten la falacia que desde siempre enarbolan aquellos) se insiste “en implantar controles sobre la libertad de expresión de los medios electrónicos”. Se agita de ese modo, sólo que ahora en la Cámara, el espantajo de la ley mordaza.
Otra línea de argumentación contra el intento senatorial consiste en identificarlo con Javier Corral como si no hubieran sido otros senadores, los de la Comisión de reforma del estado, a la que ese legislador chihuahuense no pertenece, los que brindaron la acogida inicial al anteproyecto presentado por un amplio grupo de organizaciones civiles, en diciembre pasado. La pluralidad de éstas, por otro lado, derrota el conservador argumento de los diputados, calcado de la posición de la CNIRT de que la iniciativa está dictada “por un solo punto de vista”, “una tendencia”. De ser verdad como lo dicen que prefieren que “se escuche a todos los involucrados en esta industria y en la sociedad”, deberían apoyar los trabajos senatoriales, pues recoge los puntos de vista de la sociedad y quiso escuchar los de la Cámara. Un traspié del inconsciente, en este punto, revela la verdadera paternidad de ese párrafo suscrito por varios diputados: si bien la radio y la televisión constituyen una industria, con intereses legítimos, es mucho más que una industria. No entenderlo así restaría valor a su pretendida iniciativa, sancochada de varias sin conexión entre sí, y sólo destinada a estorbar la hasta ahora promisoria tentativa senatorial.
Debe recordarse que el gobierno foxista llamó, hace dos años, a la sociedad entera a participar en mesas de diálogo para la reforma de esos medios. De marzo de 2001 a octubre de 2002, decenas de estudiosos y representantes de agrupaciones sociales (y ninguno, por cierto, de los legisladores a los que asaltó ahora el ardor reformista) reflexionaron juntos y trazaron con sus informes y propuestas lo que, tras varias vicisitudes, se convirtió en un documento entregado a la Cámara de senadores el 4 de diciembre y que una semana más tarde 64 de ellos convirtieron en iniciativa formal, en cuyo dictamen se trabaja ahora. Cuando el gobierno federal abdicó el diez de octubre de sus propósitos de reforma en obsequio de las dos cadenas de televisión abierta, las agrupaciones sociales resolvieron seguir su propia ruta e interesar al Congreso en los afanes sociales consensuados que se condensan en el proyecto senatorial.
De otro modo, aún más turbio, la cámara de los industriales de radio y televisión usa a la de diputados. Sin que venga al caso, los reformadores de última hora denuncian que entre los firmantes del documento ciudadano se encuentran “agrupaciones...que en el pasado han sido señaladas en repetidas ocasiones por operar o impulsar estaciones de radiodifusión al margen de la ley”. Voceros de la cámara industrial a su vez han pedido una batida contra estaciones piratas que, si las hay, no son las que integran la Asociación de radios comunitarias, a las que con sesgo insidioso se refieren los diputados.
Organizadas por ayuntamientos o comunidades, ninguna por particulares, esas emisoras no cuentan con permiso porque la autoridad no se ocupa ni de responder solicitudes que datan de hace muchos años. No persiguen fines de lucro ni hacen competencia a la radio comercial.