Reuters
WASHINGTON, EU.- En un tono inusualmente duro y directo, Estados Unidos acusó ayer al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de usar una retórica “inflamatoria” que podría contribuir a la violencia en ese país.
Chávez celebró el domingo en su programa domincal Aló, Presidente! el arresto del líder opositor, Carlos Fernández, presidente de la mayor entidad empresarial de us país, Fedecámaras.
Dijo que si fuera por él, Fernández estaría “tras las rejas” y no en su hogar, donde cumple arresto domiciliario. También lo calificó de “delincuente” y “terrorista”.
“Las declaraciones inflamatorias, tales como aquellas atribuidas al presidente Chávez, no ayudan en avanzar el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición”, dijo en rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Philip Reeker.
Fernández, un dirigente empresarial, lideró un “paro cívico” de dos meses que buscó forzar la renuncia de Chávez y elecciones adelantadas. Otro dirigente opositor, el líder sindical Carlos Ortega, ha ido a la clandestinidad para evitar ser arrestado.
Reeker dijo que “un aumento en la retórica política ha contribuido innecesariamente a algunos casos de violencia política en Caracas”.
Tres militares y una mujer de la oposición fueron asesinados la semana pasada en un confuso incidente que es investigado por la policía.
Las declaraciones de Reeker reflejan un cambio en la postura cautelosa de Estados Unidos frente a Venezuela.
El domingo, en un claro endurecimiento de su posición, Chávez exigió a Estados Unidos y a otros países que se abstuvieran de entrometerse en los asuntos internos de Venezuela.
“Yo no voy a permitir a un funcionario de mi gobierno que convoque a una rueda de prensa para empezar a decir cualquier pistolada de cosas que ocurran en Estados Unidos o que ocurran allá en Madrid, en España, o en Colombia”, dijo desafiante.
La semana pasada el Departamento de Estado lamentó el arresto de Fernández.
Reeker también dijo que son los tribunales venezolanos, y no Chávez, quienes deben decidir los cargos contra Fernández.
“Quisiéramos notar que, según la constitución de Venezuela, es el poder judicial y no el presidente el que decide los cargos en casos criminales”, dijo el funcionario.