La celebración de un aniversario más de la Constitución Mexicana, ofrece la oportunidad de insistir en una amplia y profunda revisión de nuestras estructuras legales fundamentales.
La constitución es el instrumento en el que se deposita el pacto de los ciudadanos, que tiene por objeto regular la vida pública. La historia se remonta a los tiempos bíblicos en los que el Patriarca Abraham celebra una alianza con la divinidad, que norma el comportamiento de individuo y sociedad, conforme a principios éticos y objetivos concretos. El evento marca un hito para la humanidad, porque el acuerdo de voluntades substituye a la fuerza bruta como amalgama de la vida en común, que trasciende desde la antigüedad hasta el Estado Moderno.
En México necesitamos un nuevo acuerdo de voluntades que corresponda a la actualidad del país. Por tratarse de una ley que contiene la estructura del Estado y regula las relaciones de los órganos de Gobierno entre sí y con los ciudadanos; la Constitución debe ser clara, compacta y brindar estabilidad y permanencia.
Contrario a estos criterios, nuestra Constitución ha crecido en forma desmedida y ha estado sujeta a demasiados cambios que la hacen contradictoria y complicada. Esto se explica porque al término de la Revolución Mexicana, los Gobiernos fueron incorporandos a la Constitución temas circunstanciales y de corto plazo.
Cada sexenio se hacía una reforma según la conveniencia del momento, siempre orientada a la conservación del poder por un mismo grupo y a fortalecer al sistema bajo la autoridad ilimitada del Presidente de la República, como jefe de Estado, de Gobierno y de partido.
Como consecuencia, nuestra Constitución derivó en una contradicción múltiple y esencial. Las garantías individuales de libertad, seguridad jurídica, etcétera, eran proclamadas y enseguida, sometidas a restricciones que nulificaban su disfrute en la vida cotidiana.
La Constitución consagraba como forma de Gobierno al sistema republicano, la democracia representativa, la división de poderes, el federalismo y el municipio, sin embargo, se concedieron facultades reglamentarias excesivas al Poder Ejecutivo y se vulneró el Pacto Federal mediante una distribución injusta de facultades en perjuicio de estados y municipios. No existían garantías en materia electoral, por lo que en suma, se creó un sistema apto para procesar en línea vertical, un poder presidencial omnímodo.
En los últimos quince años, el desarrollo y crecimiento de la sociedad y el consenso de los partidos, llevaron a reformas constitucionales que generaron una evolución política y legislativa que permanece inconclusa. El México del partido único y del poder presidencial absoluto tiende a desaparecer y por ello, si queremos consolidar nuestras libertades cívicas, llegar a la democracia plena y evitar una vuelta al pasado, debemos concluir la reforma estructural y política.
Es menester una reforma constitucional que fije mejores reglas para el ejercicio de la división de poderes, que por vez primera en la historia estamos viviendo; una reforma que destine menos recursos al gasto electoral y a los partidos y que reduzca el número de diputados y senadores al Congreso de la Unión, mediante la supresión de plurinominales; una reforma que fortalezca al Poder Judicial en materia de justicia constitucional y faculte a la Suprema Corte para iniciar leyes. Una reforma que descentralice facultades administrativas y fiscales y las transfiera a estados y municipios y que dé orden y certeza al proceso anual para fijar el presupuesto.
Una reforma del sector laboral en aras de la libertad sindical, la modernización de la seguridad social y la eficiencia en la productividad, que redunde en mejor calidad de vida para los trabajadores; una reforma agraria que transfiera a los estados el control de la propiedad rural; una reforma que disuelva los monopolios en materia de energía eléctrica y petroquímica secundaria y establezca reglas a la inversión privada, al tiempo que conserve la rectoría económica del Estado.
Falta saber si los mexicanos somos capaces de sobreponer el bien de la patria a los intereses particulares de cada quién y hacer la suma de voluntades que se requiere para lograr los objetivos antes mencionados, antes de que la historia nos rebase.