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SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó de “especial gravedad” los centros penitenciarios de San Luis Potosí, Baja California, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca y Distrito Federal, mientras que en el caso de los reclusorios para mujeres, el reporte mencionó como los casos en donde se registran los abusos más graves se encuentran en Tijuana, Baja California; Torreón, Coahuila; Juchitán y Etla, en Oaxaca; San Cristobal de las Casas, Chiapas; Morelia y Uruapan, Michoacán.
El Informe-Diagnóstico sobre los centros penitenciarios precisa que la calificación de “especial gravedad” se debe a la presencia de sistemas espurios e ilegales de mando y “autogobierno” formados por los mismos internos de esos centros de reclusión.
El Informe-Diagnóstico es el resultado de una revisión en los 448 centros penitenciarios del país realizado por personal de la Tercera Visitaduría General dentro del Programa de Supervisión del Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento 2003.
Relata que personal de esa visitaduría constató la presencia preocupante y creciente de casos de autogobierno en los que grupos de internos o custodios se erigen en autoridad con capacidad de decisión.
Estos grupos, apunta, someten a la mayoría de la población carcelaria a un régimen personal de favores y privilegios, generalmente mediante el pago de cuotas.
Remarca que esto da como resultado la existencia en los penales de un régimen paralelo al gobierno legal que genera enormes ganancias económicas mediante pagos y cobros para realizar actividades ilícitas y tolerar las ilícitas al interior.
Considera que estas acciones se dan al no permitir o no poder evitar que se mantenga esas formas de mando que violan los derechos humanos.
“Las autoridades penitenciarias que forman el gobierno legal no cumplen la obligación de garantizar la seguridad de los internos, visitantes y personal que labora en las cárceles”, refiere.
La CNDH consideró que el autogobierno es una de las causas que desencadena deficientes crónicas de los reclusorios, que permiten que la mayoría de sus instalaciones funcionen como nidos de violaciones comprobadas a los derechos humanos.
El fenómeno que se señala, dice el Informe-Diagnóstico, amenaza con nulificar y convertir en letra muerta la finalidad de los centros de reclusión, que es la readaptación y la reinserción social de las personas que delinquen, tal y como lo establecen las leyes.
El autogobierno impone; tener espacio en una celda, seguridad personal, pase de lista, derecho a no trabajar, derecho a visita conyugal, ingreso de insumos para actividades laborales, permisos para establecer tiendas, derecho a acudir al servicio médico, a recibir medicamentos e incluso a educación.
Los internos que tienen poder, indica la CNDH, utilizan a los que no tienen, como mano de obra gratuita para mantener la limpieza de sus instalaciones.
Como autogobierno, gozan de diversos privilegios y tratos especiales como estancias amplias, posesión de teléfonos celulares, cavas con vinos, aparatos de gimnasia y enseres eléctricos como hornos de microondas, refrigeradores y clima artificial.