“La ley es la conciencia de la
humanidad”.
Concepción Arenal
Uno de los grandes logros de los últimos años en nuestro país fue conseguir que los tribunales asumieran su independencia frente a los gobernantes. Desde la reforma del sistema judicial de 1994 hemos visto muchos casos en que la Suprema Corte de Justicia y otros tribunales fallan en contra del presidente y de los gobernadores. Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, parece decidido a regresar a los tiempos en que los tribunales no podían decidir en contra de los gobernantes.
El ejemplo más notado de rebeldía de Andrés Manuel frente a los tribunales es el del paraje de San Juan. Pero igualmente significativo es su desacato a la decisión de la Suprema Corte de que entregue 107 millones de pesos a la delegación Miguel Hidalgo. Cuando se ponen juntos estos dos casos queda claro que Andrés López Obrador está convencido de que el gobierno que él encabeza no tiene porqué acatar las decisiones de los tribunales. Si esta actitud es peligrosa en cualquier gobernador, que al asumir su cargo ha jurado respetar y defender la ley, más lo es en el caso de un político que parece próximo a convertirse en presidente de la República.
El pasado 11 de noviembre la Suprema Corte de Justicia ordenó al gobierno del Distrito Federal pagarle a la delegación Miguel Hidalgo en cinco días hábiles 107 millones de pesos que la Asamblea Legislativa le había asignado. La decisión fue consecuencia de una controversia constitucional presentada en abril por el jefe delegacional Arne aus den Ruthen, panista, sucedido también por un panista, Fernando Aboitiz.
La Suprema Corte ordenó también ese 11 de noviembre que se enjuiciara al director general sectorial programático presupuestal de la Secretaría de Finanzas, Hilario Ortiz Gómez, por la falta de realización del pago. Éste ha argumentado que actuó por órdenes superiores, en tanto que el Gobierno del Distrito Federal señaló que pagaría en tiempo y forma. No obstante, el tiempo ha pasado y el gobierno no ha pagado (o por lo menos no lo de manera completa). Ayer la Suprema Corte tuvo que enviarle un apercibimiento a la Secretaría de Finanzas de la capital para que cubra el adeudo sin demora.
El Gobierno del Distrito Federal ha ganado batallas en los tribunales, incluso contra el Presidente de la República. La Suprema Corte, por ejemplo, le dio la razón en su controversia constitucional en la que argumentaba que el Ejecutivo Federal no tenía la facultad de establecer un horario de verano. Andrés Manuel, sin embargo, ha adoptado la actitud de que las decisiones de la Corte son buenas cuando lo favorecen pero injustas —y por lo tanto no acatables— cuando no.
En los años transcurridos desde la reforma del sistema judicial de 1994 no había ocurrido que un mandatario se negara a acatar las decisiones de los tribunales. El presidente Ernesto Zedillo, por ejemplo, perdió en el 2000 una controversia constitucional por el caso del Fobaproa, cuando la Corte lo obligó a entregarle al Congreso información sobre el rescate bancario; Zedillo no chistó y obedeció a la Corte. A su vez, el presidente Vicente Fox perdió en el 2002 una controversia constitucional por su anulación del impuesto sobre la fructosa legislado por el Congreso; desde entonces el impuesto se ha aplicado.
Incluso un cacique de la vieja escuela, como el ex gobernador de Yucatán Víctor Cervera Pacheco, obedeció a la Corte. El 7 de abril del 2001 el máximo tribunal de la nación le ordenó a él y al Congreso del estado restituir un Consejo Estatal Electoral insaculado por el Tribunal Electoral y dejar sin efecto otro consejo nombrado de manera ilegítima por el Congreso. Aunque a regañadientes y quejándose de la Corte, Cervera Pacheco y su Congreso cumplieron.
En el caso del actual Gobierno del Distrito Federal, la Suprema Corte de Justicia se enfrenta a un caso extremo de rebeldía. Andrés Manuel ha anunciado públicamente que no acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia en el caso del paraje de San Juan. Además. Pero además, pese a las promesas de que cumpliría la decisión de restituir el presupuesto retirado de manera indebida a la delegación Miguel Hidalgo, simplemente no lo ha hecho.
López Obrador se está acogiendo a la vieja tradición priista de que los fallos de los tribunales se aplican a los ciudadanos pero no a los gobiernos. Esta posición, sin embargo, pone en entredicho el Estado de derecho en nuestro país.
Dividido
El PRI fue el gran triunfador de las elecciones legislativas de julio de este año y pareció colocarse en un lugar privilegiado para los comicios presidenciales del 2006. Pero de nada le sirven al PRI los triunfos electorales si en el Congreso y en su vida interna no puede actuar con unidad.
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