Hoy recurrirá el PRI ante el tribunal electoral federal la resolución del consejo general del IFE que le impuso una multa de mil millones de pesos por no haber reportado quinientos. El argumento principal de su defensa es que no se prueba que el partido, sino cuando mucho miembros de su administración, recibieron ese dinero, depositado en una cuenta del sindicato petrolero, a la que llegó tras un préstamo ilegal aportado por Pemex.
Para fundar su afirmación de que no se debe atribuir al partido lo que hagan sus dirigentes, el PRI ha exhumado el caso de Horacio del Bosque, líder partidista en Nuevo León. De manera espontánea, ante el ministerio público, Del Bosque admitió haber recibido ocho millones de pesos de Xavier Doria, secretario de finanzas del gobierno priista. cuando lo encabezaron Sócrates Rizo y Benjamín Clariond. Esa información fue considerada en el Consejo electoral de esa entidad, como parte de una investigación que determinó un total de 23 millones de pesos entregados por el gobierno a su partido, por lo que a éste se le asestó una multa del doble, 46 millones de pesos. El PRI recurrió la sanción, y obtuvo del tribunal local una sentencia favorable, con el argumento de que no estaba probado que el PRI recibiera la cantidad admitida por Del Bosque. El primero de septiembre del 2000, el Tribunal federal confirmó esa sentencia. Por eso, muy ufanos, los personeros del PRI esperan que ese órgano jurisdiccional aplique el mismo criterio al caso de los mil millones de pesos.
Pero no debe ocurrir así, porque las situaciones son distintas. Así lo razonó en su dictamen la comisión de fiscalización. En el caso del financiamiento llegado de Pemex, “no existió un acto unilateral y autónomo por parte de alguna persona física que hubiera actuado a título personal...”. Por lo contrario, “quienes realizaron los retiros formaban parte de un grupo organizado, coordinado y orientado hacia el mismo fin”. A esta conclusión llegó el órgano fiscalizador al analizar los hechos desde cuatro perspectivas: temporal, espacial, material y personal: Desde “el punto de vista temporal, los acontecimientos se desarrollaron en un lapso relativamente corto (11 días naturales equivalentes a 8 días hábiles) y de manera consecutiva, de tal suerte que se puede hablar de un proceso, cuyas etapas son perfectamente identificables desde su inicio hasta su culminación”. En efecto, el cinco de junio del 2000 se firmó entre Pemex y su sindicato el convenio por el que éste recibió en préstamo 640 millones de pesos. El ocho se recibió el cheque correspondiente, con que ese mismo día se abrió una cuenta en Banorte. En esa misma fecha quedaron autorizados para hacer retiros seis personas, cinco de las cuales trabajaban en el PRI y la sexta en una asociación civil de amigos de Labastida. Los retiros se hicieron a partir del nueve de junio y hasta el 23, en que el depositante, hoy senador Ricardo Aldana, retiró el remanente. “Desde el punto de vista espacial —añade el dictamen— puede decirse que también existe unidad, pues todos los retiros en efectivo se llevaron a cabo en un mismo lugar: la caja general La Viga, ubicada en la calle Ixnahualtongo 127-B, colonia Lorenzo Boturini.” Puede añadirse que, asimismo, las entregas se hicieron en un solo lugar, el edificio tres de la sede nacional priísta. “Desde el punto de vista material, es decir tomando en cuenta el tipo de acción desplegada, también existe coincidencia: todas las personas realizaron el mismo tipo de operación: retiraron dinero en efectivo proveniente del sindicato de trabajadores petroleros de la república mexicana, de una misma cuenta. Otro punto de coincidencia material es que dichas personas efectuaron los retiros en cantidades homogéneas, pues el promedio aproximado de los mismos” es de siete millones de pesos.
Desde el punto de vista personal, los retiros fueron realizados siempre en parejas, integradas de modo distinto, pero claramente programadas. El más asiduo en los retiros fue Joel Hortiales Pacheco, coordinador administrativo de la secretaría de administración y finanzas: acudió al banco por dinero en compañía de todos los demás involucrados, salvo Alonso Veraza, que coordinaba la administración de la secretaría de elecciones, que formó pareja con Andrés Heredia, el único de los seis que no estaba en la nómina priista, pero sí en la de Nuevo Impulso, la asociación civil presidida por el secretario particular del candidato presidencial de ese partido. Hortiales y Elpidio López López, secretario técnico de la misma secretaría de administración y finanzas del CEN priísta (y cuya esposa admitió que se le entregó un premio del sorteo Milenium que tuvo que devolver enseguida), no han sido detenidos, a diferencia de Melitón Antonio Cazares Castro, Gerardo Trejo Mejía, Heredia y Veraza, que lo fueron en diciembre de 2001.
Por eso la comisión de fiscalización pudo concluir que “el dinero que estas personas retiraron ingresó al patrimonio del Partido Revolucionario Institucional, en cuyas oficinas centrales lo entregaron. De no ser así, ¿por qué no el senador Aldana aclara el destino de esos fondos, que él mismo depositó y cuyo retiro fue autorizado con su propia firma, otorgada en la sede priísta? Carece de sentido que el PRI no exija a ese militante suyo tan conspicuo que explique lo ocurrido con esa cantidad, pues de su silencio se desprenden graves perjuicios financieros, políticos y éticos para el partido a que pertenece y lo hizo legislador.