El secretario de Finanzas y de Administración, Francisco Luis Monárrez Rincón, dio a conocer que en caso de que el Congreso del Estado refrende la autorización que le dio para la contratación de un crédito por 220 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2002, y dé luz verde para un empréstito por 237.5 millones de pesos del 2003, ambos relativos a la aportación estatal en la construcción de la supercarretera Durango a Mazatlán, al finalizar el año la deuda pública estatal alcanzará cuando mucho los mil 375 millones de pesos.
Dijo que no obstante y llegar a esos niveles, en términos generales la deuda pública es “totalmente manejable”, en virtud de que representa el 14.6 por ciento del presupuesto total del Gobierno del Estado que en este año ascenderá a 9 mil 414 millones de pesos; además, dado que se tiene una amortización de los pasivos a trece años, entonces se tendría que pagar 105.7 millones de pesos por año; ahora bien, tomando la misma proyección de ingresos 2003 y desarrollándola respecto a los siguientes trece años, entonces el saldo de la deuda solamente representaría el 1 por ciento.
Explicó que al pasado 31 de diciembre de 2002 la deuda pública directa de la administración estatal ascendía a mil 140.2 millones de pesos, a los que se tendría que sumar 457.5 millones de pesos de crédito; más alrededor de 30.7 millones de pesos por la variación de los empréstitos contratados en unidades de inversión, pero menos 253.4 millones de pesos por concepto de amortización de capital, por lo que se tendría un saldo proyectado de pasivos por el orden de los mil 375 millones de pesos.
Monárrez Rincón destacó que en esos niveles la deuda pública del gobierno estatal es perfectamente manejable, de tal forma que no existe ningún riesgo para que en el presente ejercicio se haga uso de la autorización hecha por el Congreso para el ejercicio 2002 y para el 2003, previo ajuste, en virtud de la definición de la inversión que se requerirá en la aportación para la construcción de la supercarretera Durango-Mazatlán.
Mencionó que el año pasado se recibió una autorización por parte del Poder Legislativo local para la contratación de un crédito por 220 millones de pesos para la aportación que se haría al primer tramo de la rúa a Mazatlán. Sin embargo, en virtud de que una buena parte de esos recursos se financió con recursos propios, no se quiso hacer uso de la autorización desde un principio para no tener que pagar intereses.
Agregó que al finalizar el año pasado, luego de que la previsión de aguinaldos se aplicó a la citada obra, en diciembre se tuvo que contratar un crédito a corto plazo por el orden de 127.5 millones de pesos, pagaderos en tres documentos de 42.5 millones de pesos. En virtud de esos compromisos, anotó que se pedirá al Congreso que se valide la autorización de 220 millones de pesos que facultó en 2002, para hacerlos efectivos en el presente año.
El funcionario estatal comentó que esa cantidad se distribuirá de la siguiente manera: se cubriría el préstamo que se solicitó de 127.5 millones de pesos, y los poco más de 90 millones de pesos, se utilizarán para cubrir los trabajos de construcción de los dos distribuidores viales, el 5 de Mayo y el Morelos, que forman parte de la supercarretera a Mazatlán.
Precisó Monárrez Rincón que los otros 237.5 millones de pesos de financiamiento tienen que ver con la aportación que hará el Estado para la segunda etapa de la obra. Añadió que dejará de formar parte de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado, para formar parte del articulado del documento.