EL SIGLO DE TORREÓN
Comarca Lagunera.- Comienzan las prisas. Desde muy temprano el tráfico se vuelve más pesado y más desesperados los sonidos de claxon en cada embotellamiento porque todos quieren llegar a tiempo.
De preescolar a secundaria, unos 300 mil niños y jóvenes regresan a ocupar las aulas de las escuelas públicas y privadas de la Región Lagunera; aún adormilados, dejan atrás las prolongadas vacaciones y se disponen a aprender.
El esfuerzo económico de los padres o madres de familia, antecede a cada inicio de clases: uniformes, zapatos, mochilas, libros, útiles e inscripciones, forman parte del gasto extraordinario que para muchos representa el tener que pedir prestado, empeñar objetos de la casa o prescindir de otros satisfactores para sacarlo adelante.
Aunque el Artículo Tercero Constitucional es claro respecto de la educación gratuita, este concepto prácticamente ha quedado fuera de la realidad cotidiana conforme se han instituido las cuotas de inscripción en las escuelas públicas.
“Nosotros no podemos impedir que los padres se organicen para mejorar las condiciones de la escuela a la que acuden sus hijos”, sentencia Juan Carmen Rentería de León, subdirector regional de Servicios Educativos de Coahuila.
El funcionario reconoce que aún existe desacuerdo porque las sociedades de padres de familia apliquen estos cobros a través de los planteles, práctica que se ha vuelto normal en todas las escuelas públicas y que, según considera “no es mala si hay el previo consenso de todos”.
El Artículo Séptimo de la Ley Estatal de Educación en Durango, establece que las cuotas deben ser voluntarias, fijarse de acuerdo con las asambleas que lleven a cabo los padres de familia, pero sin ser factor condicionante para proporcionar el servicio educativo.
Según Martín Ceniceros Soto, encargado de la Unidad de Comunicación Social de la Subsecretaría de Educación en la Región Lagunera de Durango, todo ello depende de la manera en que se organicen los jefes de familia y aunque las autoridades docentes son el vehículo para hacer efectivos estos cobros, no intervienen en las decisiones para incrementarlos.
Por desgracia, el factor económico determina el rumbo educativo de la población, pues a decir del funcionario, es el principal por el que niños y niñas dejan de acudir a la escuela; esto se registra en mayor medida en las comunidades rurales, donde a temprana edad, los infantes se ven obligados a incorporarse a la vida productiva para ayudar a sus padres en el sostenimiento de la familia.
En términos generales, la Región Lagunera registra una deserción del cuatro por ciento de su población escolar, la cual se concentra en los dos últimos grados de la primaria y en el nivel de secundaria, principalmente.
Al decir de Juan Carmen Rentería, otro fenómeno que lo motiva es la migración de familias completas a ciudades identificadas por su generación de fuentes de empleo, como Ciudad Juárez en Chihuahua o Acuña, en Coahuila; incluso al vecino país del norte.
“La población infantil se enfrenta a un abandono relativo de sus padres por circunstancias laborales, lo que también se refleja en la desnutrición y en el hecho de que existan menores que no coman una sola vez en el día”.
Infraestructura y necesidades
Los datos oficiales de la Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango, indican que sí se tiene la capacidad de infraestructura para recibir a los más de 110 mil alumnos de dichos niveles. La realidad es que todavía hay niños y niñas que reciben clases en aulas de cartón, muy ajenos a la calidad educativa.
La SEP en Durango ha reconocido el raquítico porcentaje de su presupuesto destinado a la rehabilitación y creación de espacios educativos: sólo el dos por ciento, pues el 98 restante se destina a pagar la nómina de sus trabajadores.
Además de los recursos que se canalizan por medio del Comité de Construcción de Escuelas en Durango (Coced), es mínima la participación de los Municipios en esta misión, ya que según el subdirector de Desarrollo Social de Gómez Palacio, José María Rojas, este año sólo se presupuestaron 700 mil pesos (100 mil menos que en el año 2002) para el programa de Infraestructura Básica Educativa del Ramo 33, que se aplica a la atención de solicitudes de obras de rehabilitación de sanitarios y otras reparaciones en los planteles.
El programa de becas (500 pesos por cuatrimestre a alumnos de primaria) también se vio afectado por los recortes de la Federación, pues de tres millones aplicados el año pasado se disminuyó a 2.7.
La demanda de este apoyo, por el contrario, creció un 25 por ciento como consecuencia de la crisis económica y las restricciones para acceder al programa de “Oportunidades”, que contempla apoyos a la educación por casi 500 pesos por bimestre a cada familia.
En La Laguna de Coahuila las necesidades de nuevos espacios las determina el desplazamiento de la población hacia el oriente, donde se concentran los centros de trabajo.
En el corto plazo, refiere el subdirector de Educación Pública, deberá atenderse la demanda de construir una mayor cantidad de escuelas en ese sector, rumbo al municipio de Matamoros.
La educación privada, favorecida
Las deficiencias de que adolece la educación pública en nuestro país han favorecido el que los padres de familia prefieran las instituciones particulares para la educación formal de sus hijos, a pesar de las condiciones económicas.
“Para nosotros el impacto de todo esto ha sido contar con más alumnos”, refiere el vicepresidente de la Asociación Lagunera de Escuelas Particulares Incorporadas, Julio Rodríguez Sánchez, al manifestar que regularmente, el 80 por ciento de la población de estas instituciones proviene de los planteles del gobierno.
Aunque reconoce que desde el ciclo pasado hubo cierto retraso en el cumplimiento de pago de colegiaturas por los jefes de familia, además de que se comenzó a notar el flujo de estudiantes a escuelas privadas con un costo menor, la inscripción para este nuevo período se mantuvo.
Hay escuelas privadas para todos los bolsillos. De la misma forma, hay algunas cuyo alto costo no implica necesariamente una mayor calidad. Otras de colegiaturas más económicas, recurren a la venta de uniformes, útiles y libros para apoyarse y no aplicar incrementos que después afecten la economía de las familias, sin que esta actividad llegue a convertirse en un negocio para ellos.
“En esto no hay una regla general, pero lo cierto es que las instituciones privadas ofrecen siempre algo adicional a las públicas y es por lo que pagan los padres de familia”.
En opinión de Julio Rodríguez, las propias instituciones públicas se han encargado de hacer más grande la brecha entre éstas y las privadas, luego el reclamo es para las empresas que prefieren ocupar a los egresados de las universidades particulares.
Como toda institución educativa, las privadas también deben sujetarse a la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación; a la vez, son tan complejas en su manejo como cualquier otro negocio, advierte Rodríguez Sánchez.
Estragos de la política
La primaria “Emilio Carranza” de Gómez Palacio, es un ejemplo de los estragos que puede provocar la intromisión de intereses políticos y de grupos en el quehacer educativo.
En el lapso del último ciclo escolar, el plantel perdió casi todo el prestigio que en 100 años de existencia la había caracterizado como una de las escuelas públicas de más alto nivel, como consecuencia de la intervención de integrantes del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), agrupación política con asiento en la capital del Estado y que busca ocupar espacios en La Laguna de Durango.
La queja de dicho grupo por supuestos malos manejos de las cuotas de los padres de familia y malos tratos hacia el alumnado por parte de la dirección, aunado a la poca capacidad y voluntad de respuesta de la autoridad, tuvo alcances inesperados que todavía no llegan a su fin.
Se practicaron tres auditorías que no coincidieron con la acusación. Como consecuencia de ello se suspendían las clases; se tomaba el edificio; se realizaban marchas, plantones y huelgas en las dependencias educativas y paseos públicos; también hubo enfrentamientos entre los padres de familia teniendo a las alumnas como testigos, se removió a la directora y se recomendó la salida de la escuela del grupo de seis maestras conflictivas.
Un año después de que se originó el conflicto, la escuela primaria “Emilio Carranza”, resintió las consecuencias con la baja de su alumnado en un 20 por ciento, según señaló la presidenta de la sociedad de padres de familia, Graciela Sánchez Pulido.
“Prefirieron cambiar de escuela a sus hijas que seguir esperando que las autoridades hicieran su trabajo... incluso yo lo estoy pensando”, refiere, aunque reconoce que sí lograrán integrarse tres grupos de primer grado con las niñas de nuevo ingreso.
Con el año escolar en puerta, no se han llevado a cabo las inscripciones formales por impedimento de los líderes del Cocopo; no se ha dado la resolución al juicio de amparo que las seis maestras promovieron contra su remoción, pero sí hay una sospecha: que la autoridad doblará las manos y cederá a la presión para nombrar a otra persona que se hará cargo de la dirección.