Eso quisieran. Pero no será posible que las tardías e insuficientes acciones asumidas ayer por los amigos de Fox pongan “fin a la larga serie de declaraciones y descalificaciones que desde antes de las elecciones del año 2000 motivó el tema del financiamiento de la campaña presidencial del entonces candidato...”. Y es que no se pondrá fin a la indagación que sobre el tema realiza, de cierto, el Instituto Federal Electoral; y, probablemente, la fiscalía especializada en delitos electorales de la PGR, que al menos ha sido desidiosa.
Debieron haberlo hecho en julio del 2000, inmediatamente después de los comicios. O un año más tarde, cuando el IFE fue frenado en su primera investigación. O en mayo del 2002, cuando el órgano electoral quedó habilitado para conocer los movimientos bancarios de los amigos de Fox. En vez de proceder así, Lino Korrodi, Carlota Robinson, Carlos Rojas Magnon y otras personas físicas o morales se parapetaron en la ley para evitar la revisión de sus cuentas. Korrodi denunció penalmente en junio pasado a quien hubiera infringido el secreto bancario y hecho llegar al PRI la primera evidencia pública de manejos irregulares, no reportados por la Alianza por el cambio al cabo de la campaña del 2000. Y fue el primero en acudir al juicio de amparo, que inicialmente prosperó con argucias pues obtuvo la suspensión no obstante que el juicio era improcedente.
Ahora, con demora de años, los amigos de Fox depusieron sus objeciones a ventilar las cuentas. En víspera de que la Suprema Corte de Justicia resolviera la revisión de uno de esos juicios de amparo, probablemente en sentido contrario a sus intereses, los recaudadores del dinero con el cual, a decir de Korrodi, “se ganó la Presidencia”, se desistieron de los juicios de garantías con que consiguieron obstruir durante meses la indagación a que ahora se mostraron anuentes. Lo hicieron las empresas K Beta, Grupo Alta Tecnología, ST-K de México, Fox Brothers; las asociaciones civiles Amigos de Fox, Instituto Internacional de Finanzas; el Fideicomiso para el desarrollo de la democracia; y, a título personal, Korrodi, Robinson, Rojas Magnon y Juan Domingo Padilla.
Al mismo tiempo, todos los mencionados, más El Cerrito, SPR, empresa propiedad de la familia Fox, enviaron ayer cartas de autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que con tanta eficacia los defendió hasta ahora, para que “valide o proporcione” al IFE la información que requiera para concluir sus investigaciones. Por ellas se sabrá si, como lo afirman las personas que tanto demoraron en cambiar de opinión, las aportaciones que manejaron son de “origen privado, de procedencia lícita, de personas nacionales mexicanas y no ocultan dinero del extranjero”.
Los amigos de Fox reconocen haber pagado a proveedores de la precampaña y la campaña de Fox 125 millones de pesos, de los cuales 90 se aplicaron en 2000 y el resto el año anterior, si bien aclaran que 23 millones pagados por la asociación civil Amigos de Fox en el año electoral corresponden a servicios realizados en 1999.
En su declaración de ayer, los conversos de la secrecía a la transparencia reconocen que el tiempo transcurrido “trajo consigo un desgaste innecesario para los distintos actores políticos y para las personas involucradas. Así, se crearon suspicacias sobre la existencia de ellas”. Aluden a la señora Robinson, cuya conspicua cuenta atrajo la atención de los inspectores de la CNBV, varios de los cuales recogen, a destiempo, el fruto amargo del cumplimiento de su deber, pues están siendo responsabilizados penalmente por esas tareas, que les fueron encomendadas por sus jefes, especialmente Eduardo Fernández. Éste, a su turno, parece cosechar el resultado de una renovación del acuerdo de silencio que hasta ahora involucró a los amigos de Fox y a las autoridades de supervisión bancaria, las de entonces y las de ahora. Fernández no ha vuelto a su escandalosa denuncia sobre los lavados, de dinero y judicial, que emitió al aire ante Joaquín López Dóriga el 24 de febrero. En saludable canje, su reciente discreción fue compensada con laxitud frente al lavado de dinero que se le había atribuído. De suerte que no irá a la cárcel mientras se le procese por delitos menores.
El Presidente Fox y su partido estaban, y están todavía, en entredicho por aquellas cuentas y el empeño del entorno personal del Ejecutivo en mantenerlas en secreto. Advertidos tardiamente de ese costo (que ya ha alcanzado en el ámbito local a Santiago Creel, que ganó la secretaría de Gobernación como activo candidato a la jefatura del gobierno capitalino, a cuya campaña habría también llegado dinero no reportado). El consejero del IFE Jaime Cárdenas ha insistido, aun mediante denuncia penal, en involucrar directamente a Fox por ese manejo, y solicitado al órgano electoral a que pertenece invitarlo a declarar o investigar las cuentas personales del ahora titular del Ejecutivo. La prudencia y moderación que hasta ahora han privado en el IFE evitaron llegar a ese extremo, no exento de razón práctica.
Cárdenas ha pagado por ello. Korrodi, que acusa para distraer la atención que forzosamente se fija en su persona, pretendió fallidamente hacerlo sancionar. Y Germán Martínez, representante panista en el IFE ha descalificado su activismo de mala manera, como si el consejero incurriera en el delito de lesa majestad, como en el antiguo régimen se consideraba dudar del Presidente.
Sigamos con el tema.