Gómez Palacio, Dgo.- El subsecretario de Educación, Fermín Cuéllar González dijo ayer que la toma de planteles educativos no es una situación privativa de la región lagunera, sino el producto de un problema que se vive en todo el país derivado de la falta de fuentes de trabajo.
En ese sentido, reconoció que algunos grupos políticos encabezados por maestros buscan plazas laborales, para lo cual han encabezado movilizaciones de maestros, alumnos y padres de familia en determinadas escuelas.
Sin embargo, dijo que la Secretaría de Educación Pública es la única instancia que se encarga de autorizar el funcionamiento de una nueva escuela o el otorgamiento de una plaza laboral para los maestros, con base en estudios de factibilidad que determinan si la cantidad de niños, existencia de un terreno adecuado y el presupuesto suficiente lo harán posible.
Hasta ahora, son tres los planteles educativos que no cuentan con la autorización de la Secretaría para operar, aunque Fermín Cuéllar prefirió omitirlas por la serie de presiones que esto puede desencadenar.
Reiteró que las autoridades han entablado el diálogo y apostado a encontrar acuerdos que estabilicen el magisterio y la sociedad en general, al reconocer que la toma de escuelas influye en deterioro de las actividades académicas.
En todo el Estado de Durango, dijo, el problema ya no se relaciona con la falta de cobertura de la educación básica, que es del 99 por ciento, sino está más encaminado al proceso enseñanza-aprendizaje y a contar con instalaciones dignas, aportando todos los elementos materiales necesarios así como los materiales didácticos y pedagógicos que se requieran.
El subsecretario se reunió ayer con autoridades municipales para informar de la terminación del programa de rehabilitación de sanitarios en escuelas públicas, dentro del cual se aplicaron 3.3 millones de pesos durante 2002, en más de 400 instituciones de este municipio y otras 501 correspondientes a los once municipios que abarca la Subsecretaría en la Región Lagunera de Durango.
Dictamen
Este día se dará a conocer el dictamen de la Secretaría de la Contraloría del Estado, respecto de la auditoría que se practicó a la dirección de la escuela primaria “Emilio Carranza”, la tercera que se lleva a cabo a la gestión de la encargada del plantel, Alicia Murga Calvo, a petición de un grupo de maestros y padres de familia encabezados por el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo).
Autoridades educativas informaron que aunque ya se cuenta con el dictamen final, el documento está resguardado en sobre sellado y será durante la asamblea en que se abrirá y podrá conocer el contenido.
A la asamblea asistirá la representación de los padres de familia, a cargo de Graciela Sánchez Pulido; autoridades del plantel, representantes de la Contraloría del Estado y de la Subsecretaría de Educación.
Guadalupe Vallejo, representante de las sociedades de padres de familia dijo que se solicitó el apoyo del municipio con presencia policiaca, ante el temor de que surjan reacciones negativas por parte de los integrantes del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo), quienes semanas atrás mantuvieron cerradas las instalaciones del plantel para demandar la salida de la directora, a quien acusaban de malos manejos y maltrato hacia el alumnado.