Hay otras formas de ventilar la muerte de Digna Ochoa. Encarna los dilemas y contradicciones de los defensores de un movimiento de derechos humanos que languidece ante retos inéditos y enemigos poderosos.
La fiscal especial nombrada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Margarita Guerra, concluyó que Digna Ochoa se suicidó.
El dictamen fue entusiastamente recibido por un sector y vehementemente rechazado por otro que, señalando inconsistencias y ausencias en la investigación, insiste en que fue ejecutada.
Por la polarización de opiniones el caso seguirá discutiéndose durante un buen número de años. Por ahora, los únicos puntos en los que parece haber acuerdo está en las deficiencias con que la Procuraduría capitalina manejó inicialmente la investigación y en que, para fortalecer la hipótesis del suicidio, hubo funcionarios que filtraron información que ponía en duda la personalidad de Digna.
Resulta natural y lógico que se escudriñen los antecedentes; es inaceptable la manipulación que de ellos hicieron. A lo largo de los meses se desplegó una estrategia para desprestigiar a Digna. Conocimos de dictámenes del Ministerio Público que aseguraban que tenía un “cuadro de neurosis conversiva y un estado de ansiedad neurótica” que le provocaban angustia y ansiedad, se difundieron imprecisiones en algunos relatos que Digna hizo sobre su pasado y se circuló la especie de que ella misma se inventó amenazas. Simultáneamente se representó a los organismos civiles de derechos humanos como nidos de oportunistas sedientos de notoriedad y dedicados, según los conservadores, a la protección de delincuentes. La atención concedida a la personalidad de Digna se relaciona con una creencia bastante generalizada de que quienes defienden los derechos humanos deben tener una conducta prístina y virginal (exigencia que, por cierto, se autoimponen algunos activistas).
El reclamo de santidad es comprensible y deseable pero absolutamente irreal porque quienes se involucran en la denuncia de los abusos de autoridad llegan a esa trinchera arrastrando contradicciones y respondiendo a impulsos de lo más diverso; incluidos abusos que con ellos cometieron durante su niñez.
Gandhi -padre de la independencia de la India y apóstol de la no violencia— fue un pésimo padre y un marido egoísta que un buen día decidió, sin consultar a la esposa, renunciar a la sexualidad matrimonial aduciendo que el celibato era necesario para librar mejor su lucha. El impulsor de la lucha por los derechos civiles de los negros estadounidenses, Martin Luther King, era un mujeriego incorregible. Y a lo largo de los defensores de derechos humanos en México hemos acumulado tantos errores e inconsistencias, que se llenarían varios cuadernos escritos con letra bien pequeñita. Es natural ambicionar y exigir que exista congruencia entre la vida privada y pública de quien defiende principios.
Resulta erróneo exigir pureza absoluta. Lo valioso es que, pese a las imperfecciones y limitaciones, exista un compromiso real con la defensa de las víctimas y la promoción del bien común y que el trabajo rinda un mínimo de resultados. Lo inaceptable es simular el compromiso y engañar a quienes han sido golpeados por alguna autoridad. Desde esta perspectiva, Digna Ochoa es una defensora con legitimidad que se magnifica al recordar que defendió casos ignorados por la mayoría. Se solidarizó con presuntos guerrilleros, con mujeres violadas por militares, con estudiantes de radicalidad grosera. Lo hizo, además, en las espartanas condiciones de quienes trabajan en los organismos civiles. Cuando era Coordinadora de un área del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, ganaba poco menos de nueve mil pesos mensuales (netos) por un tiempo completo. Pese a sus contradicciones el compromiso de Digna era tan real como las violaciones que defendía.
Hay un paralelismo entre el golpeteo a Digna y la pérdida de lustre que ha tenido un movimiento de derechos humanos desgastado por los enemigos, por la renovación de la dirigencia, por la migración hacia la política activa y por las divisiones en su interior. Es lamentable que ello suceda porque siguen dándose las violaciones a los derechos.
Estoy actualmente trabajando en un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que auspicia la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos; estoy sorprendido por la situación tan extremosa y por la debilidad política de quienes buscan revertirla. En el caso de Digna confluyen algunas de las cuarteaduras que surcan el México de la marginación y el abuso. Menciono un par de ellas. El 19 de julio pasado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza recordó que en abril del 2002 hizo a la Procuraduría capitalina una propuesta sobre las múltiples y graves deficiencias que tienen las averiguaciones hechas por esa dependencia.
Entre otras, que el Ministerio Público no investiga los delitos sino que traslada la tarea a los ingenuos ciudadanos que van a presentar denuncias, que la evidencia recabada por el ministerio público no está controlada y que los peritajes carecen de soporte científico. Las sugerencias fueron ignoradas por las autoridades capitalinas que, por pertenecer al Partido de la Revolución Democrática, debieran tener una mayor disposición a emprender modificaciones de fondo. Esta indiferencia se extiende al Gobierno Federal.
La influyente organización Human Rights Watch acaba de publicar el informe “Justicia en peligro” sobre el trabajo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que, si se recuerda, recibió el encargo de castigar los abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado.
Human Rights Watch concluye que la Fiscalía no está cumpliendo con las expectativas generadas y que la causa principal de sus tropiezos no está en la falta de empeño, sino en el poco respaldo concedido por el Gobierno Federal.
La etapa que vivimos exige una renovación del movimiento de los derechos humanos. Todavía no se erradica lo peor del pasado, pero es urgente darle respetabilidad a quienes defienden los derechos humanos lo que requiere explicar las condiciones en que trabajan. También pareciera necesario reorientar el esfuerzo de los organismos civiles e incluir en la agenda la exigencia de que trabajen mejor los organismos públicos de derechos humanos que, en algunos casos, son una parte del problema en lugar de ser quienes lo resuelven.
Los organismos deben transformarse en las palancas que empujen a una burocracia reacia al cambio. Cualquier empeño supone recordar que la mejor herencia de Digna fue su compromiso con las víctimas de autoridades arbitrarias.
La miscelánea
Bien por el operativo lanzado por las autoridades ambientales federales contra la tala clandestina en la Sierra de Zempoala. Si es criminal la forma en que se destruyen ecosistemas, resultaba incomprensible la tibieza gubernamental que dejaba destruir incluso en áreas tan vecinas a la capital como la antes mencionada. Ahora sólo falta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales extiendan por todo el país esa brillante demostración de que sí pueden tomar decisiones y sí saben cómo utilizar la fuerza del Estado para hacer que se respete la ley. Hasta podrían organizar diplomados para otros funcionarios. Comentarios: Fax (5) 683 93 75; e-mail: sergioaguayo@infosel.net.mx