En días pasados el señor Fox arremetió de nueva cuenta con su idea de la necesidad de inversión privada en el sector eléctrico. Sus declaraciones, en primer lugar, parecen más una justificación de lo ya hecho, que una campaña, como pretende ser, para permitir que ello suceda. En efecto, desde el sexenio anterior, en que el gobierno del entonces presidente Zedillo otorgó los famosos contratos de servicios múltiples a empresas extranjeras, existe ya inversión privada en la construcción de plantas de generación de energía eléctrica. El mismo señor Fox se congratula de que en el presente año, aproximadamente diez de estas plantas puedan entrar ya en funcionamiento.
¿De dónde provienen entonces la aparente necedad del planteamiento presidencial de permitir la inversión privada en el sector energético?, ¿por qué, si esta inversión ya existe, insiste tanto en que se le apruebe? La cuestión es muy clara, la Constitución de la República señala muy claramente al sector eléctrico, como una actividad económica reservada exclusivamente al Estado (que al decir Estado no significa exactamente lo mismo que decir gobierno). Esto significa que en los últimos años, en los sexenios neoliberales para decirlo claramente, se ha permitido la inversión privada de grandes corporaciones extranjeras, cuando la Constitución no lo permite. Surge así un conflicto entre lo que el marco de derecho reclama y las acciones que el gobierno toma. Cualquiera en su sano juicio, reconocería aquí una actuación del gobierno fuera de la ley, reconocería una argucia para pasarse por el arco del triunfo el precepto constitucional y poder así cumplir con los compromisos que reclama el nuevo orden mundial, cuyos amos ya son bastante conocidos, cuando no para cumplir compromisos por apoyos a campañas políticas de estos mismos gobernantes.
Resulta bastante peligroso que desde las más altas esferas del poder no se respete el derecho, no se respete la Ley Suprema de la nación, bajo la cual han llegado al poder y a la cual han jurado defender, cumplir y hacer cumplir, el mismo día en que toman posesión de la máxima magistratura de la nación. Porque entonces surge necesariamente la cuestión de que si los mismos gobernantes no cumplen la Ley, bajo el argumento de que no satisface una necesidad, cuál es la obligación moral del ciudadano común, entonces, de cumplir con la misma. Puesto de otra manera, cualquier persona no tiene la fuerza necesaria para obligar al presidente o a cualquier funcionario a respetar la ley, pero el presidente o cualquier funcionario sí tiene la fuerza para hacer que el ciudadano la cumpla. La cosa así se reduce, no a la obligación moral y ética de cumplir con los preceptos y normas que marca nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan, sino que se reduce a una relación de fuerza.
El silogismo de nuestro gobierno radica simplemente en que la inversión privada es necesaria. La Constitución no la permite. Entonces es la Constitución la que está mal, pero como no queremos cambiarla, al menos hasta ahora no han logrado el consenso para hacerlo, pues hay que pasarle por encima y ni modo. Y queremos insistir en que lo más grave es que, aún modificando nuestra Carta Magna, siempre quedará en pie el hecho de que durante años fue sistemáticamente violada en aras de una supuesta necesidad. Imaginen ustedes a una persona cualquiera que, ante las dificultades económicas que padecemos, decidiera no pagar sus contribuciones por ejemplo, o decidiese dedicarse a alguna actividad informal o incluso ilegal y lo hiciera, insistimos, por necesidad. ¿Dónde radica la diferencia? Por donde le busquemos sólo la encontraremos en la fuerza pública al servicio del gobierno y la falta de fuerza del ciudadano, el cual sí, se vería obligado a cumplir.
Sin embargo, los hechos son irrefutables y hablan por sí mismos. Por ello proponemos que, si se llega a autorizar la inversión privada en el sector energético, no se trate a quienes pasaron por encima de nuestra Constitución como unos héroes, que supieron responder a una necesidad violando la ley, sino que sean también castigados por haberlo hecho así.
Y como vemos líneas más arriba nosotros añadimos el calificativo de ?supuesta? a tal necesidad. Después de todo, si lo que nos amenaza es una grave escasez de energía, como explicarnos que muchas de estas plantas se dediquen a exportar energía eléctrica a los Estados Unidos por ejemplo. Piénsese también en lo absurdo que sería proponer a la iniciativa privada la inversión en el sector eléctrico con la actual estructura de costos y precios. ¿En verdad creemos el cuento de que no será para ellos, y que no se les ofrece así, un gran negocio el invertir en la generación de electricidad?. Recordemos tan sólo el caso de la privatización de Teléfonos de México. Los argumentos fueron los mismos, era necesario modernizar el servicios nos decían, y se modernizó en efecto; el Estado no poseía los recursos para hacer crecer el sector con la cantidad de nuevas líneas que se requerían, que crecieron en efecto; ¿pero acaso no terminamos pagando las tarifas más elevadas del mundo por este servicio?, ¿no terminamos, los consumidores y el gobierno convirtiendo a su dueño en una de las personas más ricas del orbe?. Todos nosotros deberíamos de pensarlo muy bien, antes de apoyar las reformas que pretende el actual gobierno, al menos en la forma en que actualmente las plantea, al menos debemos obligarlos a comprometerse, por ejemplo, a que las tarifas no subirán, que no seremos los consumidores los que terminaremos engordando los bolsillos de unas cuantas corporaciones extranjeras.
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