La puesta en escena en el teatro nacional de la obra “Dos de la vida airada”, protagonizada por conocidas figuras de la farándula política, tiene ostensibles ribetes jocosos, dando la impresión de que se trata de chiquillos malcriados en que, uno, bufa como toro encolerizado, pretendiendo sembrar miedo en su rival, diciéndole: “te estoy esperando”; en tanto el otro gesticula, mofándose de su contrincante, al que parece haberle tomado la medida y mostrándole la palma de la mano profiere, con expresión no exenta de picardía, “te espero a la salida”. Lo que en el fondo se discute es si legalmente está permitido que un senador de la República, obviamente durante el tiempo de su encargo, se dedique a atender asuntos particulares en su carácter de abogado, concluyéndose que cuando el legislador promueve un juicio, por ese solo hecho ¿existirá un tráfico de influencias por el que pueda ser sometido a juicio político? Sin querer, queriendo, hay la implicación de que la justicia federal se presta a perversos arreglos ¿quedará sin castigo?
En ningún texto legal he leído que a un legislador le esté prohibido patrocinar asuntos en los tribunales. Si pleitea, lo único que le pedirán es que se someta a los principios éticos que rigen la conducta de cualquier ciudadano que acude a esos organismos. En lo que se refiere a la divulgación de que hay jueces que fallan las disputas puestas a su consideración, por otros motivos que no sean los que estrictamente señala la ley, es acusar a esos funcionarios judiciales de venales, es decir, de deshonestos, sobornables y corruptos. En los diez últimos años se ha dado primacía al Consejo de la Judicatura que es un órgano del Poder Judicial de la Federación encargado de tomar los acuerdos para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. ¿Qué espera el Consejo de la Judicatura para intervenir en lo que es un desdoro para la función judicial? Sea cierto o falso, constituye un baldón, por lo que debe dársele seguimiento a la denuncia de Andrés Manuel. El imperio y la majestuosidad de que esta investida la actividad jurisdiccional no debe quedar expuesta al ludibrio público.
¿El abogado que promueve algún juicio en contra del interés general puede ser considerado inmoral? En el caso, que da lugar a este comentario, Andrés Manuel López Obrador acusó al senador Diego Fernández de Cevallos de aprovechar su fuero para litigar juicios en contra del patrimonio del Distrito Federal. No fue muy lejos por la respuesta. El senador reviró tildando al jefe de gobierno capitalino de no respetar al Poder Judicial, indicando que las controversias judiciales las quiere resolver con amenazas públicas a los jueces, pretendiendo llevar los litigios a la arena política. Algo habrá, detrás de todo esto, que permanece soterrado. López Obrador ¿sentirá perdido el asunto judicial y en consecuencia los predios ubicados en Santa Fe, por lo que trata de escandalizar para intimidar a los tribunales? ¿Le tendrá ojeriza al barbudo legislador? ¿Asistirá la razón al senador litigante en reclamar los bienes raíces para sus clientes o valiéndose de su prestigio, de político con grandes “agarraderas”, en efecto, atemoriza a servidores públicos timoratos para que sentencien a su favor?
Todo esto encierra un intrigante embrollo que tendrán que desentrañar aquellos que tienen como misión la de vigilar a los que imparten justicia. Al señalar que pretende evitar que “se tuerza la justicia”, López Obrador expone a la maledicencia pública a todo el sistema judicial mexicano. No exhibe solamente a Diego, que no tiene pelos en la lengua para hacerse valer. Lo que logra es poner en entredicho todo el andamiaje en que se apoya uno de los poderes de la federación, que tiene como fundamento de su existencia la credibilidad. Eso es lo grave de la denuncia, que hace el político tabasqueño avecindado en el DF, poner en tela de duda la honorabilidad de los que trabajan en el aparato judicial y establecer el pernicioso precedente de que el Poder Judicial de la Federación, es susceptible de dejarse avasallar por el influyentismo, por lo que sus resoluciones no son confiables. ¿Qué le pasa al Consejo de la Judicatura Federal que, hasta ahora, parece petrificado pues no da muestras de tomar la injerencia que legalmente le corresponde?