La reciente ejecución de tres ciudadanos cubanos y el encarcelamiento decretado en contra de otros setenta y cinco disidentes, ha suscitado un proyecto de resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en contra del Régimen de Fidel Castro.
Los ejecutados fueron acusados del delito de plagio, por haber tratado de llevar una embarcación a los Estados Unidos en un intento por escapar de la inmensa prisión en que tiene a la Isla de Cuba el dictador, desde hace mas de cuarenta años.
Además de los fusilados, el resto de los disidentes recibieron penas que van de seis a veintiocho años de cárcel, acusados de conspirar contra el gobierno de Fidel Castro. Es cierto que los estados tienen derecho a defender la seguridad de su población, la estabilidad de sus instituciones y la integridad de su territorio sin embargo, la forma sumaria en que fueron juzgados los inculpados, la inexistencia de garantías de legalidad, la severidad de las penas y la índole de las acusaciones en el contexto del estado de represión que prevalece en Cuba, hacen de los reos perseguidos por motivos de conciencia.
Algunos comentaristas opinan que Fidel incurrió en las medidas antes mencionadas, aprovechando la turbiedad que priva en el mundo en ocasión de la guerra en el Oriente Medio. La apreciación anterior es irrelevante, si se toma en cuenta que al Régimen Comunista de Cuba nunca ha parado en medidas represivas ni ha buscado mayor justificación para ejecutarlas, que la de invocar a una presunta salvaguarda de los intereses de la Revolución.
Desde luego que lo más grave son los hechos en sí, en virtud de los cuales los afectados pierden la vida y la libertad, en aras de un gobierno autoritario que se resiste al curso de la historia. Sin embargo, existen otras consecuencias lamentables en orden a las repercusiones internacionales de las ejecuciones, entre las cuales se cuenta la actitud de algunos diputados mexicanos al Congreso de la Unión, que aprovechan la ocasión para hacer propaganda política.
Se trata de algunos representantes populares que ostentan posiciones de izquierda y que viajaron el fin de semana pasada a la isla del Caribe, por supuesto a cargo de nuestros impuestos, con el objeto de brindar su solidaridad con el gobierno cubano en relación a los condenables acontecimientos.
Los legisladores turistas, justifican los fusilamientos y la cárcel a disidentes bajo el criterio de que se debe respetar la vida interna de cada estado y las razones que haya tenido el Gobierno de Cuba para aplicar dichas penas en contra de los opositores. Lo anterior contrasta desde luego, con la opinión de la mayoría de las naciones que preparan el proyecto condenatorio a la represión castrista, en el seno de la referida Comisión De Derechos Humanos de la ONU.
La conclusión a la que arriban nuestros flamantes diputados viajeros, es que México debe abstenerse de votar a favor del proyecto condenatorio, lo cuál es inadmisible dada la índole y gravedad de los hechos. La postura de los legisladores referidos es además incongruente, porque contrasta con la adecuada posición de esa misma izquierda mexicana en cuanto a la represión desplegada por los gobiernos de nuestro país en tiempos del régimen de Partido de Estado y con pertinente condena a la pena de muerte cuando es aplicada a paisanos nuestros en los Estados Unidos, por delitos del orden común respecto a los cuales son juzgados nuestros compatriotas, bajo garantías razonables de legalidad y seguridad jurídica.
Si aspiramos a un mejor orden jurídico nacional e internacional, debemos empezar por establecer medidas de conducta objetivas, que sean válidas para todos, tanto en México como en los Estados Unidos y en Cuba o en cualquiera otra parte del planeta.
Es necesario dejar atrás la doble medida, en virtud de la cuál los hombres solemos dimensionar la conducta nuestra y de los personajes o causas que nos son afines y con otra regla, solemos medir esas mismas conductas cuando corresponden a entidades que nos son ajenas o consideramos adversas.