Lo que causa escozor es que cada Presidente de la República se haya dejado llevar por la tentación de atropellar los derechos de una prensa libre bajo la falsa premisa de que quieren se legisle en favor de quienes ejercen el noble oficio de comunicadores. Si hurgamos en los intentos que ha habido en el pasado encontraremos que todo se origina en que los periódicos, no todos, se mantenían independientes dando a conocer lo que la comunidad de ciudadanos quería saber, produciendo en el poder público, acostumbrado en aquella época a hacer lo que le venía en gana sin que nadie se atreviera a censurarlo, unas ganas de apretarle el pescuezo a los periodistas. Más, al no poder hacerlo, prefirió acercarlos con lo que se llamó el ?chayote? comprando espacio en las páginas, que nunca usaba, enriqueciendo a los que se prestaron a hacerle el juego, en tanto les ?untaba la mano? a los chicos de la fuente. Los políticos compraron cadenas de periódico para publicar lo que les convenía, fracasando por que los lectores no comulgan con ruedas de molino.
Los mandatarios, al llegar a palacio, se encontraban con una prensa independiente, no acostumbrada a callar los excesos de los gobernantes, que constituía un dique a las aspiraciones de manejar el Gobierno con actitudes despóticas. Había que hacer algo, se decían los paniaguados del poder público para acabar con esos periodistas, buenos para nada, que se atrevían a dar a conocer los que debía permanecer intocado y soterrado en las esferas del poder. La idea que les venía de inmediato era buscar la manera de limitar el derecho mediante normas seudo legalistas fabricadas ex profeso. El ejecutivo mandaba una iniciativa a los congresistas que, en aquellos días, obsequiosamente aprobaban cuanta les enviaba el titular del Gobierno, sin quitarles ni un punto ni una coma, llegándose al extremo de pasar intactos errores gramaticales.
Hace algunas semanas la Procuraduría General de la República emplazó a periodistas de un diario, que se edita en la ciudad de México, para que dieran a conocer los nombres de sus informantes, en relación con una nota publicada en ese vespertino. El sub procurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de esa dependencia, reconoció, el jueves de la semana pasada, que el citar a declarar a representantes de los medios ?vulnera los derechos humanos de los comunicadores?. Con eso se estaba corrigiendo la plana a sí mismo por la citación que se había hecho a periodistas para que revelaran sus fuentes, prometiendo ejercer acciones administrativas contra los agentes del Ministerio Público de la federación que habían convocado a los reporteros. Hubo de reconocer el sub procurador que la cita a un reportero, sin antes agotar las diligencias de averiguación, es reconocer que las autoridades no están haciendo bien su trabajo, tratándose de prácticas intimidatorias dirigidas a dañar el secreto profesional del periodista, impidiendo que quienes son poseedores de una información, ante el temor de verse involucrados, se nieguen, con toda razón, a proporcionarla. Las investigaciones periodísticas, añadió el funcionario, son de interés general.
El funcionario de marras subrayó que la PGR ha asumido la jurisprudencia internacional en el tema, cuyos principios básicos son que el Estado tiene el deber de tutelar la labor periodística, protegiendo con ello la libertad de expresión de la sociedad. La retractación no la hizo espontáneamente tomando en cuenta la opinión de Eduardo Bertoni, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión, quien al revisar la situación de México encontró que es una práctica nociva de las autoridades llamar a los periodistas por la vía policíaca para presionarlos a revelar sus fuentes. Bien, así las cosas, pienso que lo mejor que pudo hacer la autoridad fue echar reversa en sus maquiavélicas intenciones.