La joya de la transición, el Instituto Federal Electoral (IFE), puede sufrir un golpe devastador con la renovación de su Consejo General. El proceso se conduce por una penumbra en la que puede perderse o hundirse arrastrando consigo a una democracia todavía frágil. El último de octubre termina el mandato -memorable por cierto- de los nueve Consejeros del IFE (ocho hombres y una mujer). Al día siguiente tomarán posesión quienes reciban el voto de dos terceras partes de los diputados. En el pasado era el secretario de Gobernación quien, desde Bucareli, tensaba y aflojaba los hilos que regulaban el movimiento de los legislativos dedos. Ahora, son las fracciones parlamentarias, los partidos, quienes hacen la selección.
Por cultura es fuerte la tentación que tienen los partidos de ver esos cargos como trofeos para adornar sus vitrinas. En los genes de la mayoría de los políticos mexicanos viene troquelada la creencia de que los cargos públicos son propiedad de quienes los ocupan y que, por tanto, pueden distribuirlos entre los suyos. La coyuntura es propicia para una revancha que los empuje a repartirse el Consejo en cuotas. Los partidos principales andan dolidos por lo que han dicho y hecho varios o todos los consejeros del IFE.
Al PRI le impusieron una multa de mil millones; el Verde Ecologista va chorreando bilis porque, además de que tendrá que modificar sus estatutos, seguramente será multado por las responsabilidades que adquirió cuando, al ser aliado del PAN, compartió los beneficios creados por los recursos adquiridos y/o distribuidos por los Amigos de Fox, un culebrón que culminará el próximo 10 de octubre durante la sesión de Consejo General del IFE.
En otras palabras, ese día los consejeros del IFE aprobarán una multa al PAN que rondará, me aseguran, los 400 millones de pesos. El humor panista no será el adecuado para las cortesías. Si finalmente recordamos las deudas que arrastra el PRD, los partidos seleccionarán al nuevo Consejo con el bolsillo empobrecido y el ánimo alterado.
¿Serán capaces, los dirigentes de los partidos, de sobreponerse a cultura y coyuntura para anteponer la lógica de estado que nos entregaría un IFE autónomo y fuerte? Las experiencias de países como Venezuela muestran los riesgos de “partidizar” a la autoridad de la cual depende la credibilidad de los comicios.
Es comprensible que el PRI esté molesto por los mil millones de pesos de multa, pero debería recordar que el IFE que lo castigó, fue el que contó los votos que le permiten ser la principal fracción en la Cámara y lo mismo podría decírsele al partido actualmente en control nominal del Gobierno Federal.
Para mantener la fortaleza del IFE es conveniente recordar que la democracia tiene una dimensión técnica y que el IFE atenderá, los próximos años, asuntos tan enredados como el posible voto de los mexicanos en el extranjero, la redistritación (es decir la redefinición de los distritos electorales) y la elección presidencial del 2006. También deberá atender temas tan espinosos como la fiscalización de los recursos entregados a los partidos y el papel de los medios de comunicación. Todo ello con una muy factible reducción de su presupuesto. A esas complejidades debe añadirse que las elecciones para presidente se verán sometidas a la presión de gobernadores con una influencia enorme, que no tiene precedentes.
Quienes integren la cúpula electoral deberán tener la personalidad y la autoridad moral que les permita imponerse a esas y otras fuerzas que los jalonearán para influir en la elección. Por estos motivos parece de elemental prudencia que el próximo consejo del IFE incorpore a personalidades fuertes con diferentes disciplinas que incluyan el conocimiento de lo electoral.
Es por ello que resulta tan sensato mantener a algunos de los actuales consejeros y/o personas que han trabajado en y con el IFE. La mezcla debe complementarse con una perspectiva de género y región. Es absurdo que exista una sola consejera cuando el padrón electoral tiene a un 52 por ciento de mujeres. Finalmente, para contener la visión centralista se necesitan consejeros de entidades diferentes al Distrito Federal.
¿Qué posibilidades existen de que los partidos incorporen estos criterios? La ley dice que la Cámara debe elegir a un presidente y a ocho consejeros pero no explicita el cómo. Es tranquilizador conocer la sensatez de diputados como Germán Martínez del PAN y Emilio Zebadúa del PRD. Sin embargo, pese a peticiones expresas de organismos como Alianza Cívica, los partidos no han transparentado el método que seguirán, ni explicado los perfiles que deberán reunir quienes aspiren al cargo. Pareciera que tras el silencio está la decisión de repartirse el Consejo con el sistema de cuotas: me comentan que algunos dirigentes del PRI exigen cuatro consejeros y que algunos panistas y perredistas responden exigiendo tres cada uno. Al no haber método claro lo que salen son nombres de candidatos.
Guadalupe Irizar menciona a 30 en una nota publicada por el Grupo Reforma y conocedores del asunto aseguran que cada partido tiene un listado que crece semanalmente. Como el procedimiento es desconocido, ningún aspirante expresa públicamente sus atributos y propuestas. La elección se va decidiendo con cabildeos silenciosos y discretísimas negociaciones. Como antes. Una repercusión será en la calidad de los aspirantes. El desorden en el procedimiento aleja a los más calificados que, por eso mismo, son reacios a meterse al golpeteo por un cargo que es como una jaula de oro. Los Consejeros tienen un excelente salario (alrededor de 150 mil pesos al mes más prestaciones) pero también reciben tantas prohibiciones legales que quien tiene carrera exitosa se lo piensa dos veces. Los partidos tienen que actuar con lógica de Estado y renunciar al impulso de apropiarse de los cargos para ubicar en ellos a cómplices dispuestos a seguir sus instrucciones. Si no vencen la tentación, los resultados serán desastrosos para el país y para los propios partidos.
Los organismos públicos de derechos humanos son un ejemplo de lo mal que pueden ir las cosas. Un porcentaje alto de quienes los presiden fueron elegidos por su lealtad al jefe y ahora actúan con la lógica del lacayo frente al poderoso al que, en el papel, deberían enfrentarse en defensa de las víctimas. El resultado desquicia la arquitectura institucional. Ante este panorama es obligación de la sociedad -y eso incluye, entre otros, a organismos civiles, barras de abogados y medios de comunicación- vigilar cuidadosamente el proceso y evitar que los partidos caigan en la tentación de dar rienda suelta a sus impulsos. Tener un IFE fuerte y autónomo es indispensable para una democracia todavía frágil.
La miscelánea
Una de las historias más comunes es la forma como se destruye el ambiente urbano. El guión es bastante parecido: los especuladores se las arreglan para obtener los permisos y la protección de las autoridades para actuar con enorme celeridad. Los vecinos afectados constatan una y otra vez que, independientemente del partido que gobierne, es poco lo que pueden hacer. Eso está pasando ahora con los vecinos de Chimalistac que protestan justificadamente por las violaciones al Plan Parcial d e Desarrollo que comete el Club España en la construcción de un estacionamiento y por la actitud de las autoridades de la Delegación Álvaro Obregón.
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