El tema es fastidioso e irritante además de repetitivo, pero como mexicanos no podemos ignorarlo y menos dejar de tomar partido.
Hablamos del complejo asunto migratorio entre México y Estados Unidos que una vez más navega en las aguas de la contradicción, el capricho y las extrañas casualidades que ocurren una y otra vez.
Además de la lucha cuerpo a cuerpo que libran diariamente cientos de migrantes en la frontera, especialmente en las zonas desérticas e inhóspitas, en las altas esferas norteamericanas no se ponen de acuerdo sobre el plan a seguir y es así que los titulares en la prensa cambian diametralmente día con día.
Así fue que en meses pasados el Departamento de Estado expidió un reglamento para reglamentar la emisión de documentos de identificación en las misiones extranjeras, mejor conocidas como las matrículas consulares que gobiernos como el de México ha expedido por millares a lo largo y ancho de la Unión Americana.
Gracias a esta identificación miles de inmigrantes pueden abrir una cuenta de banco, enviar giros en dólares a sus familiares en México e incluso inscribir a sus hijos en una escuela norteamericana. Sin este documento los ilegales no son nadie porque difícilmente cuentan con un pasaporte mexicano y allende del Bravo ni la credencial de elector ni una licencia estatal son válidos para cualquier tipo de trámite.
Bajo ese contexto no fue casualidad que la semana pasada se realizó una redada en el Consulado de México en San Diego para arrestar a una familia de mexicanos y espantar a decenas más que hacían cola frente a la misión diplomática para tramitar matrículas consulares y pasaportes.
El incidente calentó los ánimos tanto de los diplomáticos mexicanos como de grupos defensores de migrantes que calificaron esta acción de la Patrulla Fronteriza como intimidatoria además de represiva, especialmente porque la medida se tomó en las inmediaciones de la sede diplomática que se supone goza de inmunidad y de la protección internacional.
Para colmo el atropello de la Border Patrol ocurre “casualmente” cuando el secretario de Gobernación de México, Santiago Creel, pernocta en San Diego luego de haber recibido un reconocimiento de la Cámara de Comercio de esa ciudad por su trayectoria política y por su lucha en pro de los migrantes.
Pero mientras mueren en promedio 2 migrantes cada día en la frontera y otros 175 son deportados con lujo de violencia y sin el menor respeto a los derechos humanos, los políticos norteamericanos han empezado a buscarle soluciones al problema, gracias en buena parte a que el proceso electoral del 2004 está cada vez más cerca.
Fue así que dos congresistas y un senador arizonense se compadecieron de las matanzas y arrestos masivos realizados por los rancheros de su propia entidad para lanzar una propuesta de ley que legalice a cerca de cuatro millones de trabajadores indocumentados y que permita además la contratación temporal de otros dos millones de personas.
Los congresistas republicanos Jim Kolbe y Jeff Flake junto al senador John McCain, lanzaron este proyecto por dos razones básicas: poner un alto a la violencia en la frontera y ofrecer seguridad laboral e identidad a millones de migrantes que trabajan, viven, se divierten y utilizan todos los servicios urbanos, pero que no declaran un solo centavo de impuestos.
Unos días después surgió la voz del gobernador Gray Davis, quien en medio de un escándalo regional por su posible destitución en octubre, declara que está dispuesto a permitir la emisión de licencias de conducir para inmigrantes ilegales cuando en dos ocasiones anteriores vetó una ley similar.
La negativa de emitir licencias a indocumentados ha sido una de las medidas más irritantes para la población latina al considerar que este tipo de políticas mantienen un claro y bochornoso espíritu racista.
Ni los comercios norteamericanos ni las casas de bienes raíces exigen algún documento legal, tipo acta de nacimiento o pasaporte, para concretar una operación, ¿por qué lo piden para expedir un documento vital y de gran utilidad como es una licencia de conducir?
La realidad de fondo es que las instituciones policíacas y de seguridad como el Servicio de Naturalización e Inmigración y la Patrulla Fronteriza han tomado posiciones radicales y de extrema cerrazón porque con la súper secretaría de Seguridad Nacional, recién creada, se realizarán cambios muy importantes a todos los niveles de la frontera con México.
Nadie quiere perder posiciones y por el contrario buscan hacerse notar y que mejor que exagerar su sentimiento anti-inmigrante que evidentemente existe en una buena parte de los agentes de dichas corporaciones policíacas.
Lo peor del caso es que estas dependencias están repletas de apellidos de origen latino y asiático pero por extrañas razones son ellos quienes a la hora de la hora persiguen con mayor agresividad a los migrantes ilegales.
No será fácil que políticos como Davis de California o McCain de Arizona triunfen sobre las arrogantes burocracias, pero queda la esperanza de que en los próximos catorce meses, de aquí a las elecciones presidenciales, surjan leyes o reglamentos que pongan un alto a esta feroz y despiadada persecución en contra de nuestros migrantes.
El autor es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con maestría en Administración de Empresas en la Universidad Estatal de San Diego. Comentarios a josahealy@hotmail.com