La abstención en las elecciones de julio pasado, es un tema sobre el cual se ha discutido ampliamente sobre el impacto político que esto implica, pero la participación en unas elecciones afecta de manera directa en otros aspectos que tienen mucho mayores consecuencias. Este efecto es muy claro si se observan los procesos electorales de los costarricenses y uruguayos con una participación de más de un 80% del padrón electoral; se ha fomentado una eficiente rendición de cuentas, que en esos países ha provocado sea entre las más eficientes y las menos corruptas ya que la participación eleva el nivel de campañas y fomenta la competencia electoral.
En contraste países como Guatemala, Colombia y Paraguay, tienen una participación menor a un 45% del padrón electoral y ha provocado que en ellos el Estado no pueda invertir en el desarrollo económico y social porque recibe menos del 15% del PIB en forma de impuestos. Por esto se deduce que participación electoral va íntimamente ligada a la participación fiscal.
Los datos que arroja el informe 2000 del BID, nos brinda una visión completa y apunta cómo las instituciones públicas de nuestros países han retrasado el desarrollo social y económico latinoamericano. El PIB, era en los cincuenta, de aproximadamente dos mil dólares y hoy apenas alcanza los cuatro mil. Asia, Oriente Medio y Europa del Este ahora son más ricos que América Latina pues brincaron de mil dólares en los años cincuenta a diez mil en los años noventa.
Este cambio, según el informe antes mencionado, se debe mucho a factores institucionales. No hemos logrado implantar un verdadero Estado de Derecho, ni un control de la corrupción, ni un marco regulatorio moderno, ni una administración eficaz; hemos pagado un costo enorme por un centralismo excesivo, sistemas judiciales primitivos y una división de poderes de hecho mas no de facto, que fomenta un conflicto innecesario entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Precisamente por eso y por la falta de transparencia es que se aleja el ánimo de participación en la ciudadanía y la falta de ésta promueve la no rendición de cuentas y anima a la evasión fiscal ya que sentimos que nuestras instituciones políticas son corruptas y que nuestros dineros quién sabe a dónde van a parar; esto se refleja en la baja recolección tributaria, ya que en México sólo se recibe alrededor del 10 por ciento del PIB en impuestos, contra un 30 y 60 en Estados transparentes y eficaces; así que no es de sorprender por qué la inversión en infraestructura, educación, programas sociales y salud sea tan baja.
Los motivos pueden ser muchos, pero tal vez ahora que se busca la modernización del país en la materia energética y demás, sería interesante que se planteara una reforma en el estilo de gobernar y de repartir las secretarías y responsabilidades. En base a una reforma constitucional se podría transferir el eje básico del sistema político al Congreso y que el Ejecutivo acepte y respete las atribuciones que éste le conceda, tanto en la integración de las políticas de la nación como en el nombramiento de los integrantes del gabinete.
Asimismo, fuera el Congreso, quien los destituyera dado el caso, ya que ellos son nuestros representantes y ellos quienes escriben y aprueban las leyes y los reglamentos de cómo los secretarios deberían aplicar las leyes.
Sin embargo, el Congreso no los puede nombrar ni destituir y es muy difícil examinar lo que éstos hacen en sus despachos y bajo qué criterios deciden implementar tal o cual política, además de que al estar sometidos al Ejecutivo se diluye la responsabilidad. Es así como tenemos a Usabiaga como el mejor secretario de la historia.
De esta forma un tanto parlamentaria, tomando en cuenta a las Cámaras para conformar el gabinete, el poder Ejecutivo sí representaría las tendencias centrales de la opinión pública, o sea un sistema presidencial basado en pesos y contrapesos con un Estado fuerte que sí cobre impuestos, que imponga un Estado de Derecho y transparencia en la utilización de los recursos, definitivamente sería la mejor manera de abatir el abstencionismo, porque los partidos políticos estarían bajo la lupa de una ciudadanía atenta y participativa, de igual modo los integrantes de las Cámaras, el Gobierno y Secretarios de Estado, se someterían a éstas con el conocimiento de que podrían ser destituidos cuando quede claro que su desempeño deja mucho qué desear.
Tal vez sea un imposible, pero lo que sí tenemos claro es que no podremos modernizarnos si no modificamos nuestras instituciones, de qué serviría una reforma energética o educativa si van a estar dentro del corsé que representan nuestras leyes y nuestras instituciones, además mientras no se establezcan los mecanismos para que los funcionarios asuman y enfrenten sus responsabilidades, se privilegie el Estado de Derecho sobre todo lo demás, se combata la corrupción seriamente, exista certeza en la propiedad privada que dé seguridad a la inversión, no se podrán enfrentar los grandes retos que tenemos como nación y la abstención será la constante en los procesos electorales, porque ¿para qué voto, si todo da igual?, necesitamos despertar la esperanza, la participación, vivir en la resignación es aceptar la fatalidad como norma de vida.