Sin duda alguna, los partidos políticos no han sabido crecer a la altura de una sociedad civil que exige respuestas cada vez más concretas a los asuntos prioritarios de la vida nacional. De ahí que no votar, más que un acto de indiferencia, se convirtió el pasado domingo en un grito que niega y rechaza la supuesta democracia que hemos alcanzado.
Resulta interesante que, a la par que los partidos políticos muestran sus debilidades, las organizaciones no gubernamentales cobran fuerza porque ellas sí tienden a abogar por el bienestar material y espiritual de los ciudadanos, convirtiéndose así en verdaderas interlocutoras de los individuos frente al Estado.
Es el caso de la agrupación “Por nuestras hijas de regreso a casa”, conformada por familiares de las más de 300 jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez durante los últimos diez años, que ante la ineficiencia y desinterés de los gobernadores chihuahuenses del PRI y del PAN, así como de algunos partidos políticos, buscan por su cuenta que se haga justicia a lo que se ha llamado, “el feminicidio” más grande e impune de todo México.
Entre sus últimas acciones, hay dos dignas de resaltarse. Una fue, precisamente, la petición a todas las mujeres de Ciudad Juárez para que no participaran con su voto en las elecciones pasadas “hasta que sea reflejado en la práctica” y que en lugar de “gastar millones en campañas políticas ridículas y desgastantes”, contraten un equipo de investigadores; destinen el presupuesto para hacer funcionar el laboratorio de DNA para identificar a las víctimas y a los asesinos, se proporcionen recursos para preparar a los estudiantes en Medicina Forense y se profesionalice a la policía, entre otras cosas. Se plantea un abstencionismo razonado, que no legitime al sistema político. La otra está concatenada al beneficio de la globalización de la justicia y es sumamente esperanzadora: la atención que lograron del juez de la audiencia española, Baltasar Garzón, quien aunque ya conocía el caso, ahora se ha comprometido a estudiarlo a fondo y promover su discusión en foros de la mancomunidad europea.
Su trabajo no será sencillo: ya el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, señaló que carece de fundamento jurídico para que tome bajo sus manos el asunto. Dijo, incluso, que podría ser tomado como una “intromisión”.
No obstante, ya se han levantado voces en Ciudad Juárez que reclaman la incongruencia de esta postura oficial contra los tratados internacionales firmados por México, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Asimismo, es posible que se cuente con los recursos de la recién estrenada Corte Penal Internacional que será la primera que “… investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (…) será complementaria a los sistemas de justicia nacionales, actuando sólo cuando los Estados no pueden o no tienen la voluntad de investigar o juzgar tales crímenes”. México tendrá que recibir al juez español.
Como sabemos, Garzón sentó un procedente para la justicia mundial en 1998, cuando el general chileno, Augusto Pinochet, recuperándose de una operación en Londres, fue detenido debido a una orden internacional que emitió el juez bajo los cargos de genocidio, terrorismo y tortura. Poco después, la orden de arresto fue revocada por la “inmunidad” que gozaba al ser ex jefe de Estado. Sin embargo, fueron precisamente los acuerdos internacionales como la Convención Internacional Contra la Tortura –entre otros aspectos- los que mantuvieron a Pinochet en Londres durante casi un año y medio. Durante todo este tiempo, Garzón nunca cejó en su empeño para que Pinochet fuera extraditado a España con el objetivo de ser juzgado. En marzo del 2000, el general logró salir de Londres por “razones de salud”, finalizando el proceso.
Ese mismo año, Baltasar Garzón pidió que Ricardo Miguel Cavallo —el ex militar argentino que tuvo el descaro de fungir en nuestro país como director del Renave- fuera detenido en Cancún acusado de genocidio y terrorismo durante la dictadura militar en Argentina. Hace exactamente un mes, el 11 de junio del 2003, la Suprema Corte de Justicia, en un fallo histórico para México, concedió su extradición a la Audiencia Nacional de España.
Aunque quizá estos dos casos sean los que han ameritado mayor cobertura en los medios de comunicación, el abogado ya lleva un camino tan andado, que permite pensar que el Caso de Las Muertas de Juárez podría ser resuelto. En el 2002 la Fundación de Artistas e Intelectuales por los pueblos indígenas de Iberoamérica y la Asociación Latinoamericana por los Derechos Humanos, fundamentaron la candidatura de Baltasar Garzón para recibir el Premio Nobel de la Paz. Los argumentos que alegaron estas organizaciones son irrefutables: “Que frente a los crímenes contra la humanidad no existen fronteras (…) porque toda la comunidad internacional es víctima de la agresión y el genocidio, la tortura, la desaparición de personas y el terrorismo son crímenes internacionales”, “Que luchar contra la Impunidad aplicando el principio de Justicia Penal Universal es luchar por la libertad, la justicia y la paz”, “Que la Corte Penal Internacional constituye una herramienta nueva e imprescindible para la defensa de los Derechos Humanos”.
Garzón ha pugnado incansablemente por suprimir el terrorismo que ha impuesto la ETA en su país y ha llamado la atención sobre el tránsito internacional de armas. El combate contra el narcotráfico ha sido uno de sus objetivos principales, así como la corrupción. En 1993 fue elegido diputado por Madrid y delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre drogas, cargo del que dimitió, así como de su diputación, alegando “la actitud pasiva” del presidente Felipe González respecto a la corrupción.
Hay quienes lo llaman el “Clark Kent” español. Yo considero, que por sus antecedentes religiosos –estudió seis años en dos seminarios- se acerca más a la imagen de San Miguel Arcángel, empuñando su espada justiciera contra el mal. El mal, en el caso de Ciudad Juárez, es la corrupción, la ineficacia, la misoginia, la apatía de las autoridades… ¿podrá Garzón con esto?