La información es poder para muchas cosas, acaso una de ellas es para tomar decisiones personales y colectivas. Falta mucho camino por recorrer en esta ruta de la información pública. No obstante, la alternancia en el Gobierno Federal ha permitido conocer -al enviar diversos documentos al Archivo General de la Nación- documentos que son de interés público y cuyo conocimiento permite tener una idea más clara de quién es quién en la vida pública y política del país, si bien es cierto que se trata de una tarea sinuosa y compleja porque la información disponible está dispersa y en un contexto de una plena anarquía archivística. De manera complementaria, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental está siendo una herramienta para darle ese poder de estar informados a todos.
Por esta razón, la asociación Libertad de Información-México A.C. (LIMAC) ha creado un área para buscar esa información del pasado que tiene un impacto para comprender el presente y prevenir el futuro. Bajo la coordinación de Jacinto R. Murguía, en días pasados LIMAC ha subido a su sitio de internet (www.limac.org.mx), la primera parte de una investigación que habrá de generar preguntas y más preguntas porque sus actores siguen, muchos de ellos, teniendo una vida pública activa.
El primer reporte -documentos en mano, por supuesto- de la sección denominada “Historia Confidencial”, se titula “La nómina secreta de Gobernación” y se refiere a datos de sueldos y manejo de recursos de las ahora extintas Direcciones Generales de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) y Federal de Seguridad (DFS) ahora fusionadas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Se trata de una investigación que pone al descubierto vinculaciones no documentadas hasta ahora de cómo y cuánto cobraban realmente los servidores públicos de primer nivel de la Secretaría de Gobernación y quienes prestaban sigilosamente sus servicios en estas áreas dedicadas a la investigación política.
Es de llamar la atención, por ejemplo, la relación del actual secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, con los servicios de espionaje. En efecto, el documento dice: “Entre los nombres que saltan en las nóminas por su actual actividad pública, es la de Florencio Salazar Adame quien cobraba como empleado de la DIPS. Aunque cada quincena los montos variaban de entre 7 mil y 15 mil pesos. Uno de pagos más altos tiene fecha del 22 de noviembre de 1979, que fue de 30 mil pesos y firmado por él mismo. Florencio Salazar Adame firmó de recibido un documento por compensación de la primera quincena de diciembre de 1981, por la cantidad de 7 mil 500 pesos. Por supuesto, las compensaciones variaban de acuerdo al cargo. En los datos curriculares que se encuentran en la página de Presidencia de la República no se especifica cuál era su función en Gobernación de esos años. Se solicitó la información a través de la oficina particular de la Secretaría de Agricultura, donde la respuesta fue que lo único que se puede saber es lo que aparecía en su currículo. Nada más”. ¿No tendría algo que decir el secretario Florencio Salazar Adame sobre su paso, al menos en nómina, por las áreas del espionaje y la investigación política de México? ¿Se desempeñó como agente encubierto de Gobernación? De igual forma, la investigación destaca el papel del actual legislador del PRI Sami David David como titular de la DIPS y los manejos de los recursos del erario para la investigación política.
Agrega el reporte: “Distribuidos en varios expedientes aparecen los recibos y las cantidades que Sami David recibió como partidas de imprevistos para el pago de servicios especiales y viáticos a los agentes y personal de esta dirección, así como los bancos en que se realizaban las transacciones. Se presentan nombres, formas de distribución de los recursos, sueldos nominales y reales (a través de las partidas de “imprevistos” y “comisión de estudios” “viáticos” entre otros más).
“La lista -dice el reporte de LIMAC- es mucho mayor entre los agentes que trabajaban directamente en las oficinas de la ciudad de México y los que reportaban desde las principales ciudades de la República mexicana. De todos hay fechas de ingreso, sueldos, lugares a donde se les enviaba pagos y comprobantes con firma de las cantidades recibidas y, en muchos casos, las cartas poder para que el cobro lo hicieran terceros”. Aparecen también los nombres de diversos personajes que hoy ocupan mandos superiores en el Gobierno Federal o tienen relación de parentesco directo con algunos de ellos.
En los próximos días, LIMAC pondrá también en su sitio de internet la segunda entrega de esta investigación titulada “Manuales y test del buen espía” que dará cuenta de algunas de las estrategias que utilizaba el régimen político mexicano para mantenerse en el poder. Es verdad el adagio de que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, de ahí el invaluable interés de la sociedad para saber información de esta naturaleza, cuyas formas y modos sólo eran permitidas en un régimen de opacidad absoluta y discrecionalidad que no deberá ocurrir más. Ni duda cabe que debe haber un área de seguridad nacional pero acotada por la ley y con instrumentos de control como, por ejemplo, las comisiones de secretos oficiales legislativas, que en México brillan por su ausencia. El camino de la apertura informativa, la rendición de cuentas y la transparencia no deberán tener caminos de regreso sino seguir avanzando para bien de todos.