“Enséñanos la delicia de las cosas
sencillas”. Rudyard Kipling
Con mucha frecuencia los legisladores se han quejado de que su mala imagen pública es producto de la mala fe de los medios de comunicación, los cuales los presentan como ineptos y perezosos cuando no perversos o corruptos. La verdad, sin embargo, es que, a unos meses de terminar la actual legislatura y habiendo concluido ya los períodos ordinarios de sesiones, el tiempo sigue demostrando que los diputados, después de tres años en la curul, todavía no han aprendido a legislar.
Tanto es así que la Suprema Corte de Justicia insiste en enmendarles la plana. Hace dos semanas los ministros determinaron la inconstitucionalidad, por falta de proporcionalidad, del impuesto sustitutivo al crédito al salario. Esta semana la Corte decidió por unanimidad ratificar la decisión, tomada originalmente el año pasado, de considerar como inconstitucional, por su falta de aplicación general, la exención de impuestos en bonos, gratificaciones y aguinaldos a los burócratas sindicalizados.
La verdad no se requería de mucha inteligencia para entender a fines del año pasado, cuando los legisladores votaron estos impuestos, que serían considerados como inconstitucionales por la Suprema Corte. El caso más claro, por supuesto, era el de la exención especial para los burócratas. Ya los legisladores del PAN le había advertido a sus colegas que la Corte rechazaría nuevamente esta exención. Pero el afán de los legisladores del PRI y, sorprendentemente, del PRD de quedar bien con el senador priista Joel Ayala, dirigente sindical de los burócratas, los llevó a aprobar una vez más el engendro.
Cada una de estas iniciativas aprobadas y después rechazadas por la Corte se convierte en un problema administrativo y fiscal. La previsión de recursos con los que se prepara el Presupuesto de Egresos se cae y el Ejecutivo termina haciendo ajustes al vapor para mantener el equilibrio en las finanzas públicas. En algunos casos, como en las devoluciones del impuesto al valor agregado a las empresas productoras de jugo, el impacto sobre los recursos gubernamentales ha sido muy importante y muy injusto, porque el impuesto se devuelve no a quienes lo pagaron, que son los consumidores, sino a la empresa que lo transfirió al gobierno.
Uno puede argumentar que en apenas tres años los diputados no pueden aprender las consecuencias de sus medidas legislativas. Si hubiera reelección, si hubiera conciencia de que legislar es una profesión compleja que requiere aprendizaje y experiencia como cualquier otra, quizá nuestras cámaras serían mejores. Pero la verdad es que en casos como el de la exención especial a burócratas los legisladores sabían que estaban aprobando una ley inconstitucional y de todas maneras lo hicieron. Después de todo, ellos no tienen que pagar de sus bolsillos el costo legal y administrativo del amparo.
Hoy estamos viendo una nueva campaña política: Una nueva camada de aspirantes a las curules recorre el país y los programas informativos que posteriormente acusarán de desprestigiarlos como legisladores. Los candidatos ofrecen que esta vez sí harán todo lo necesario para asegurar un trabajo legislativo digno, eficiente y beneficioso para la sociedad. Pero los ciudadanos se muestran desinteresados y escépticos.
En casos como los de las iniciativas fiscales los legisladores deberían entender que un sistema radicalmente más sencillo y con tasas más bajas realmente recaudaría más y con mayor justicia. El origen del impuesto sustitutivo al salario se encuentra en un sistema que otorga exenciones a las prestaciones pero no al pago en efectivo.
Más que complicar lo ya complicado, lo ideal sería tener un sistema que gravara por igual cualquier ingreso, en especie o en efectivo. De la misma manera, lo sensato sería eliminar todos los tratos especiales —a autores, agricultores, transportistas, burócratas y cuántos más— a partir de la base de que todos los gobernados tienen la obligación de contribuir al sostenimiento del gobierno al que le piden servicios y beneficios. La sencillez de objetivos o acciones, desafortunadamente, nunca ha sido característica de nuestros legisladores. Pero la culpa no es de los medios de comunicación que revelan el problema, sino de los legisladores que no lo entienden.
Aeropuertos
La decisión de mejorar el aeropuerto de la ciudad de México y ampliar los de Toluca, Puebla y Cuernavaca tiene sentido ante la derrota del proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco y la actual crisis de la aviación comercial. Pero cuando la aviación se recupere, nos arrepentiremos de no haber aprovechado la oportunidad de construir un nuevo aeropuerto suficiente para operar 50 años o más.
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