El diputado Adán Soria Ramírez informó que es posible que en el actual periodo ordinario de sesiones se aprueben reformas a la Constitución en materia indígena, en beneficio de los 25 mil integrantes de las etnias que hay en el territorio estatal, ya que se pretende legalizar el respeto a sus tradiciones y costumbres, a la vez de garantizar la canalización de recursos para ejecutar obras que propicien el desarrollo de los territorios en que habitan y puedan tener representantes ante los ayuntamientos.
Según el legislador, en Durango existen cuatro pueblos indígenas, divididos en huicholes, tepehuanos, mexicaneros y tarahumaras. El 70 por ciento son tepehuanos. En la región sur se concentra el 90 por ciento de los 25 mil 796 habitantes, de los cuales 11 mil 464 son hombres y el resto mujeres. De las 8 mil localidades, el 89 por ciento tiene menos de 100 indígenas. Hay 134 comunidades anexas y 289 rancherías dispersas, con una densidad de población de 2.21 por cada kilómetro cuadrado.
?La situación jurídica de los pueblos indígenas es aún insatisfactoria, pues siendo originarios de estas tierras, han sido históricamente obligados a abandonarlas y remontarse a las más inhóspitas regiones?, expresó el legislador, al señalar la necesidad de adecuar el marco constitucional y reconocer la presencia de las etnias.
En el estado de Durango queda prohibida toda clase de servidumbre que implique explotación o menoscabo de la dignidad de los trabajadores, establece el artículo dos de la Constitución política local.
El estado tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que forman una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
Las leyes reconocerán la diversidad cultural, protegerán y promoverán el desarrollo de los pueblos indígenas existentes en el estado, sus lenguas, valores culturales, usos, costumbres, recursos y formas de organización social.
Con las modificaciones al marco legal, se reconocerá y garantizará el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a la autonomía para:
Decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural; aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.
Asimismo, para elegir a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; preservar y enriquecer sus lenguas; conservar y mejorar el hábitat; acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra.
De igual forma, para elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos; acceder a la jurisdicción del estado.
El estado y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Se impulsará el desarrollo regional con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblo, mediante acciones públicas coordinadas por los tres niveles de gobierno.
Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes indígenas dentro del territorio estatal, mediante acciones que garanticen los derechos laborales de los jornales agrícolas, mejorar condiciones de salud, etc.
INICIATIVA
La promoción panista
La fracción de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) también promovió una iniciativa de ley en materia indígena, con el fin de que haya un reconocimiento en la integración de los pueblos, según lo explicó José Guillermo Hilario Cantú, quien fue el expositor del proyecto cuando ingresó al Congreso.
El objetivo de la iniciativa, muy similar a la que promovió Adán Soria, motivo por el cual los panistas piden que se haga una sola de ambas, es establecer la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, de salud, religión, opinión, estado civil, o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertad de las personas.