El conflicto entre autoridades y transportistas en la ciudad de Gómez Palacio, revela un desorden en el rubro en cuestión, que debe ser corregido. De acuerdo a la versión de los propios transportistas, estarían en operación mil taxis piratas, de los cuales serían retirados de la circulación seiscientos, al momento en que el Gobierno de Durango les entregue cuatrocientos títulos de concesión a repartir entre el gremio.
Lo anterior implica una extorsión inadmisible, que pone de manifiesto que los propios concesionarios fomentan la prestación irregular del servicio, para llenar con anticipación los espacios que les permiten exigir con posterioridad el otorgamiento de más concesiones. Al amparo de ese proceso recurrente, los intereses de la comunidad quedan a merced de una mafia en contubernio con los funcionarios en turno.
En el origen histórico de ese juego perverso, se encuentra el reparto de privilegios por parte del antiguo régimen de partido de Estado, que distribuía las concesiones con propósitos de control político. El agotamiento del modelo acabó con la eficacia de la medida en cuanto al referido control pero en cambio, los privilegios se mantienen en la anarquía y la falta de autoridad, porque a río revuelto ganancia de pescadores.
Lo anterior es peligroso pues alienta actitudes amenazantes, como la asumida por un presunto líder que al calor del conflicto espeta en la cara del Delegado Estatal de Transporte, que si los operativos de control continúan “puede haber muertos...”. Lo anterior no debe ser tolerado por el Gobierno que preside Ángel Sergio Guerrero Mier, pues la sola expresión resulta criminal aunque no implique un resultado inevitable.