“De todas las clases de hombres, la más perniciosa es la de los forjadores de utopías, cuando tienen en sus manos el poder, y la más ridícula, cuando no lo tienen”.
David Hume
Claro que es necesario revisar la Ley Federal de Radio y Televisión. Hay muchos elementos cuestionables en la actual legislación, promulgada en 1960 aunque enmendada en varias ocasiones, pero la llamada Ley Corral, promovida por los senadores Javier Corral del PAN y Raymundo Cárdenas del PRD, constituye un retroceso inaceptable para la libertad de expresión y para el país.
El propósito fundamental de esta iniciativa —en esa extraña batalla que Corral mantiene contra un presidente de su propio partido, Vicente Fox— es arrebatarle a la Presidencia de la República las potestades que tiene actualmente en materia de medios electrónicos de comunicación, pero sólo para dárselas corregidas y aumentadas a un Consejo Nacional de la Radio y la Televisión que sería nombrado por el Senado.
Debo advertir aquí que yo colaboro como conductor en TV Azteca y como comentarista en el Grupo Radio Centro. No puedo ofrecer, por lo tanto, una opinión desinteresada sobre el tema, pero tampoco decenas de miles de familias que viven de esta industria y que por tanto requieren una ley sensata.
Quizá el mayor problema que han tenido la radio y la televisión en nuestro país ha sido la discrecionalidad gubernamental en la entrega y renovación de las concesiones. La Ley Corral tiene en esto un avance importante: Establece un sistema de licitación de concesiones. Sin embargo, no le quita la discrecionalidad a la decisión, simplemente se la endosa al Consejo Nacional de la Radio y la Televisión. El primer criterio con el cual el Consejo determinaría a quién darle una concesión no sería el monto de la licitación sino “la propuesta de programación de contenido”. El Consejo se convertiría así en el gran censor de los contenidos incluso antes de la concesión. No le tocaría al público definir qué quiere ver o escuchar: Esto lo decidiría el Consejo, que tendría amplios poderes de censura basados en artículos como el sexto, que establece varios “fundamentos” para las transmisiones, como respetar los principios de la “moral social”, pero sin nunca definirla.
Si lo que la industria necesita es seguridad en el largo plazo para realizar inversiones, la Ley Corral la disminuye a un mínimo: El plazo máximo de una concesión se reduce de 30 a 12 años y las causales de revocación se incrementan de manera significativa.
El Consejo Nacional de la Radio y Televisión se convierte no sólo en el gran censor sino en juez y muchas veces en parte de las disputas. Así, debe otorgar, modificar, renovar o revocar concesiones; administrar los tiempos fiscales y de Estado; realizar funciones de conciliación y arbitraje (¿Dónde quedaron los tribunales o las instancias civiles de arbitraje?); vigilar la observancia de un derecho de réplica imposible de administrar (cada nota de un informativo puede tener millones de peticiones de réplica); contribuir al “mejoramiento del nivel cultural, social y educativo de las transmisiones” (aunque no defina cómo medir ese “mejoramiento”); dictaminar sobre imposición de sanciones; y administrar el espectro radioeléctrico, entre muchas otras funciones.
La Ley Corral legaliza ciertos tipos de piratería, ya que los concesionarios “tendrán la obligación de permitir la retransmisión simultánea de manera gratuita de su señal en la misma área de cobertura geográfica a través de los operadores de audio y/o televisión restringida en cualquiera de sus modalidades.” Limita los tiempos de publicidad tanto en radio como en televisión, con lo que pondría fin a los canales y programas de telemercadeo, y prohíbe el uso de productos integrados para promoción comercial. Estas medidas no sólo limitarán los ingresos de las emisoras, sino que costarán miles de empleos a la industria (aunque esto no les importa a los senadores porque viven del presupuesto gubernamental).
México necesita una nueva ley de radio y televisión, es cierto, pero una ley que dé certidumbre, elimine la discrecionalidad gubernamental, respete la libertad de expresión y le dé al público la opción de escoger. Nada de esto logra la Ley Corral, que de ser aprobada se convertiría en un enorme retroceso para la libertad de expresión y para nuestro país.
Negociación
Conozco hace muchos años a Jorge Mendoza, el actual presidente de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Estoy seguro de que si se quiere en realidad una ley sensata de radio y televisión, él sería garantía de una negociación correcta que beneficiaría no sólo a la industria y a sus trabajadores sino a la sociedad mexicana.
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