El martes pasado dieron inicio en Piedras Negras, los foros para la elaboración de la Ley de Transparencia que promueve el Gobierno de Coahuila, a fin de recoger las propuestas de los ciudadanos a ese respecto, conforme a un calendario que culmina el día último de febrero. La ley en cuestión, regula el deber del Gobierno de informar sobre los asuntos públicos y el derecho de los ciudadanos a ser informados.
La experiencia de la Reforma Electoral de Coahuila del año 2001, hace temer que también en esta ocasión se lleve a conclusiones preconcebidas mediante la manipulación de tales foros, por parte del Gobierno Estatal. Bajo tal expectativa, sería preferible que el gobernador Enrique Martínez presentara una propuesta de iniciativa abierta, que fuera enriquecida con ideas de los actores sociales.
Lo anterior procede con mayor razón, porque ya existe una Ley Federal de Transparencia de aprobación reciente en el Congreso de la Unión, por lo sería ocioso pretender descubrir el hilo negro en la materia. El defecto de la Ley Federal de Transparencia, es que regula en exclusiva al Poder Ejecutivo y lo deseable, sería una ley que regulara el respeto al derecho a la información, por parte de los Poderes Legislativo y Judicial.
Si se busca que Coahuila esté a la vanguardia, es obligado incorporar los avances de la Ley Federal en cuanto al respeto al derecho a la información por parte del Ejecutivo y se amplíe en relación a los otros poderes. No sería válido que con el pretexto de los foros, se buscara legitimar una ley que refuerce el control del Gobierno en vez de fortalecer los derechos cívicos, como ocurrió en la citada Reforma Electoral.