La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Coahuila, es una tarea legislativa pendiente, cuyo trámite amenaza ser suspendido.
La Ley en cuestión, corresponde a la que en el mismo tema, en el nivel federal de gobierno fue promulgada el año pasado por el Presidente de la República, en base a una iniciativa aprobada en consenso por las fuerzas políticas del país, representadas en el Congreso de la Unión.
Lo anterior implica que ya existen antecedentes legislativos recientes sobre el particular, basados en un amplio debate y acuerdo nacional al respecto y sólo falta el adecuar las disposiciones a la situación específica de Coahuila. La promulgación de esta ley es importante, porque de ello depende la existencia de normas que obliguen a la autoridad estatal a poner a disposición de la ciudadanía, los elementos de información que permitan conocer en detalle y al día, la cuenta pública y los pormenores operativos de cada acción de gobierno.
El pasado cuatro de Noviembre del 2002, el entonces diputado panista Jesús de las Fuentes Cabello, presentó ante el Congreso de Coahuila la primera iniciativa de Ley de Transparencia. Con posterioridad el 17 de diciembre pasado, el Gobernador Enrique Martínez y Martínez convocó a los poderes Legislativo y Judicial a la firma de un convenio a través del cual se creó un Consejo Interinstitucional, en el que se pactó un calendario de discusión y análisis del tema que nos ocupa, a fin de realizar diversos foros de consulta ciudadana en la entidad a efecto de formar un Proyecto de Iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Los foros fueron convocados con bombo y platillo, se celebraron en Saltillo, Monclova y Piedras Negras para concluir en Torreón a fines del mes de marzo. De acuerdo al calendario pactado, para estas fechas debería existir en el Congreso de Coahuila, un proyecto o iniciativa de Ley emanado del trabajo del Consejo Interinstitucional y de los foros.
Sin embargo al día de hoy, no ha sido presentado dicho proyecto de ley por parte del Ejecutivo, lo que viola los compromisos asumidos en el Consejo, de cara a una ciudadanía que fue convocada a participar en los referidos foros y ahora queda como novia de rancho.
Después de concluidos los foros se han publicado en la prensa regional, declaraciones hechas por Ejecutivo al través del secretario de Gobierno, cuyo contenido supone el virtual congelamiento de la Ley de Transparencia, hasta después de los comicios del seis de julio. El secretario manifiesta que el Gobierno de Enrique Martínez, desea evitar que la discusión de la Ley se politice, en función del proceso electoral federal.
Lo anterior implica el incumplimiento del pacto firmado entre los poderes involucrados en el Consejo Interinstitucional. El pretexto empleado por el Gobierno para congelar el proceso resulta absurdo, en la medida en que conforme a la naturaleza misma de las cosas, corresponde que el tratamiento del tema en el Congreso sea ocasión de propaganda y lucimiento o desdoro, para cada uno de los protagonistas institucionales y sus partidos de origen.
Las actitudes y desempeño de gobierno y partidos políticos y la bondad o defecto de la ley que arroje como resultado el proceso legislativo que nos ocupa, están sujetos a la atención y juicio de una ciudadanía participativa que como tal, tiene derecho a presenciar su desarrollo y conclusión y a opinar en consecuencia, hasta el punto de normar su criterio respecto a por quién votar en estas próximas elecciones.
La postura del Gobierno de Coahuila, acusa una clara tendencia del Poder Ejecutivo a marcar el paso del Congreso y condicionar el contenido de la agenda legislativa sin respeto alguno por el principio de división de poderes, al más puro estilo del viejo sistema político en el que los coahuilenses seguimos inmersos y atrapados.
La actividad del Congreso por otra parte, no puede estar condicionada al calendario de los procesos electorales. Coahuila requiere una Ley de Transparencia y la postura dilatoria del Ejecutivo Estatal, sólo se explica en función de dos hipótesis: O el gobierno de Enrique Martínez desea sustraerse al cumplimiento de las obligaciones que le implicaría una legislación en la materia, o pretende sacar adelante una Ley a su medida y conveniencia, válido de la mayoría priista en el Congreso, lo que ciertamente le acarrearía el repudio de la ciudadanía, con efectos negativos directos en las elecciones del seis de julio.