“Un héroe de la clase trabajadora, es algo que vale la pena ser”. John Lennon
Cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte estaba siendo negociado se le preguntó en una conferencia de prensa a don Fidel Velázquez, líder sempiterno de la Confederación de Trabajadores de México, si no sería conveniente que México realizara una reforma laboral a fondo para lograr una mayor competitividad de nuestras empresas ante las norteamericanas.
Don Fidel respondió, en ese lenguaje difícilmente comprensible que lo caracterizaba pero que los periodistas ya sabían interpretar, que México no tenía por qué cambiar su legislación laboral ya que -dijo— las leyes laborales mexicanas son mucho más avanzadas que las estadounidenses.
Ah, ya entendí, pensé para mí: Ya entendí por qué a todo lo largo de nuestra frontera hay siempre miles de trabajadores esperando el momento de arriesgar su vida y cruzar la frontera... para venir de Estados Unidos a México y gozar de los beneficios de la avanzada legislación laboral de nuestro país.
La verdad es que la idea de que en México hay una legislación laboral “más avanzada” o “progresista” que en nuestros socios comerciales es uno de esos mitos dañinos del sistema político mexicano. Lo único que ha logrado nuestra legislación laboral, tan llena de buenas intenciones, es tener a trabajadores muy pobres y a líderes sindicales muy ricos. Y ésta, ciertamente, no es la marca de una legislación progresista.
México es quizá el único país del mundo en que un sindicato puede emplazar a huelga a una empresa sin tener la titularidad de su contrato o la aprobación de los trabajadores. Se emplaza a huelga incluso a empresas que todavía no han contratado a nadie. Es común que los sindicatos busquen a empresas nuevas, antes incluso de que empiecen a operar, para amenazarlas con una huelga en caso de que no acepten firmar un contrato. Estos contratos no buscan, por supuesto, defender a los trabajadores sino a las empresas, a las cuales se les vende el papel como una forma de protección para evitar el chantaje de otros sindicatos.
Los sindicatos operan abiertamente en nuestro país como organizaciones gangsteriles. Los inspectores de los sindicatos de construcción recorren las calles de las ciudades con el fin de encontrar pequeñas obras en ejecución y amenazan de inmediato con cerrarlas a través de emplazamientos a huelga a menos de que se les pague una cuota de extorsión. Poco importa si sólo una o dos personas están laborando en la obra o si los trabajadores no quieren pertenecer al sindicato. Al final el representante del sindicato saca su tajada de dinero, a cambio de la cual sólo entrega una pequeña placa metálica con la cual la obra queda protegida de otros gángsters sindicales durante un lapso determinado. Los trabajadores, por supuesto, no reciben beneficio alguno de esta extorsión legal.
La ley laboral mexicana parece estar hecha para impedir la competitividad del país. Se prohíbe la remuneración por hora aun cuando al trabajador le convenga. Se obliga a la empresa a pagar prestaciones, como el Infonavit, que al final son expropiadas por los sindicatos o se pierden por manejos perversos o mala cobranza de la institución. Se carga tanto de obligaciones la contratación legal que se promueve el crecimiento de la economía informal. Se aplican contratos ley a todas las empresas de un mismo ramo, con lo cual se le da el mismo trato a compañías fuertes y débiles y se reduce la remuneración de los trabajadores al mínimo común denominador.
Los sindicatos mexicanos se han convertido en verdaderos cotos de poder. Los líderes tienen el derecho de hacer lo que quieran con el dinero de los agremiados. Ni Hacienda ni nadie puede intervenir, como lo demuestran los desvíos del Pemexgate. Además, los líderes se eternizan en sus cargos porque no hay procedimientos realmente democráticos que permitan reemplazarlos. Como Porfirio Díaz, incluso aquellos que alcanzan cargos de dirección haciendo campaña en contra de la reelección se reeligen de manera indefinida tan pronto están en el poder.
Si este sistema laboral fuera en realidad tan progresista como dicen de nuestros líderes sindicales, México sería un país con sueldos dignos. En lugar de eso tenemos a trabajadores pobres y líderes sindicales ricos. Y esto es consecuencia directa de nuestra reaccionaria legislación laboral.
Subsidios
México ha pedido formalmente a los países ricos de la OCDE que eliminen sus subsidios agrícolas. Esto me parece muy positivo. Pero me pregunto si nuestro país —que tiene subsidios tan grandes o mayores en comparación con el valor de nuestra producción agropecuaria— está dispuesto a hacer lo mismo que solicita.
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