Debido a que España decidió no tramitar la solicitud judicial de extradición de 40 personas acusadas de genocidio y terrorismo, el juez Rodolfo Canicoba anunció que tendrá que dejarlos en libertad.
29 agosto 2003
Buenos Aires, (EFE).- El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral ratificó hoy que deberá liberar a los 40 represores de la dictadura militar que se encuentran detenidos ante la decisión de España de no tramitar la solicitud de extradición a ese país.
El magistrado dijo que le resulta "novedosa" la determinación del Ejecutivo español de "suspender" el trámite de extradición de quienes fueron procesados por delitos de lesa humanidad por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón.
"Han transcurrido 40 días y si no se requiere formalmente la extradición debe disponerse la libertad" de los 40 miembros de la dictadura (1976-1983) detenidos en Argentina, declaró el juez a la emisora local Radio Mitre.
El plazo para enviar la petición vence el próximo martes, pero como el Gobierno español decidió no formalizarla, ese día Canicoba Corral deberá disponer la libertad de las personas involucradas en el expediente que tramita Garzón en Madrid.
El Gobierno español decidió no tramitar la extradición requerida por el juez Garzón amparándose en el artículo 11 del acuerdo de extradición y asistencia judicial en materia penal entre España y Argentina.
Este artículo prevé como causa de denegación de extradición la de que los tribunales de la parte requerida, en este caso Argentina, sean competentes conforme a su propia ley para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición.
El Parlamento argentino anuló recientemente dos leyes de perdón que beneficiaron a los violadores de derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1983), pero la Corte Suprema de Justicia debe decidir ahora la inconstitucionalidad de esas leyes.
Al conocer la decisión de las autoridades españolas, el ministro de Defensa de Argentina, José Pampuro, señaló que el Gobierno de Néstor Kirchner no se "involucra en los asuntos de la justicia" y dijo que "ahora todo continuará en el ámbito de la magistratura argentina".
En julio pasado, Garzón reclamó a la justicia argentina la detención con fines de extradición de 45 militares y un civil por terrorismo de Estado, genocidio y torturas, y hoy hay 40 detenidos por ese motivo.
Las Madres de Plaza de Mayo recibieron con "preocupación" y como una "desilusión" la decisión del Gobierno de España de no pedir la extradición de los represores argentinos reclamados por Garzón.
"Nos causa preocupación porque con la iniciativa de Garzón se había creado un canal hacia la justicia", señaló Nora Cortiñas, integrante de la línea fundadora de esa organización.
Las Madres de Plaza de Mayo, hoy escindidas en dos organizaciones, luchan desde hace 26 años por el esclarecimiento de los miles de casos de personas detenidas desaparecidas durante el último régimen militar argentino.
Cortiñas indicó que si bien la reciente anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por el Parlamento argentino es "un paso importante" hacia el fin de la impunidad, porque "abre el camino" para que sean declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, todavía es "incierto" que en Argentina se pueda lograr "justicia" por los crímenes de lesa humanidad.
Esas normas libraron de responsabilidad a más de un millar de represores de la dictadura y en caso de que la Corte Suprema declare su invalidez los acusados de graves violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados en este país.
El tratado de extradición entre España y Argentina prevé que el Estado que solicita la entrega envíe la documentación necesaria en un plazo máximo de 40 días a partir de la fecha en la que se produjo el arresto del reclamado.
Las primeras detenciones se produjeron el pasado 24 de julio, por lo que la fecha límite para que Argentina reciba su solicitud formal de extradición se cumple el 2 septiembre próximo.