Si el senador Ricardo Aldana pidiera licencia antes del miércoles próximo hará un gran servicio a la convivencia democrática, pues eliminaría un factor de discordia entre las fuerzas políticas que debaten su suerte en la Cámara de Diputados. Esa contribución suya a la distensión, que lo significaría no como un dirigente venal según se desprende de los expedientes de su caso, sino como un senador consciente de sus deberes con la República, no lo dejaría inerme y, al contrario, permitiría una defensa más eficaz contra el eventual proceso que lo amenaza.
Con una decisión voluntaria y enaltecedora, Aldana quedaría en la misma situación legal en que muy probablemente lo pondrá el desafuero del 17 de septiembre. Los expedientes concluidos por la Sección Instructora y entregados a la Presidencia de la Cámara contienen la propuesta de privarlo de la inmunidad parlamentaria. Difícilmente podrían no ser aprobados. El PRI y sus aliados no están en condiciones de, siquiera, impedir que se reúna el quórum. Es inevitable la celebración de las sesiones secretas que ventilen el desafuero y es casi del mismo modo inexorable que la votación autorice al ministerio público a iniciar acción penal contra el senador veracruzano. Si no puede evitar su desafuero, Aldana puede anticiparse a él. El resultado sería el mismo, pero el mecanismo mejoraría de manera notablemente su posición política ante el público en general, ante los miembros de su partido y ante los integrantes del sindicato de que es tesorero.
El PRI, en tanto que partido y sus legisladores, reaccionaron vivamente contra el obligado anuncio del presidente de la Cámara, Juan de Dios Castro, para reunir al pleno y ocuparse del desafuero.
La indignación priista sugiere que sus dirigentes creían, o habían pactado, o creyeron haber pactado, que en aras de los entendimientos enunciados de manera sincronizada por el presidente Fox y la diputada Elba Ester Gordillo, el PAN se desentendería del procedimiento para la declaración de procedencia. Su reacción corresponde a la de quien ha resentido un agravio, una deslealtad, una traición.
Si alguien en el PAN dijo a los priistas que los acuerdos de que el Gobierno está muy urgido implicaban olvido o por lo menos demora en la tramitación del caso de Aldana, los engañó y deben denunciarlo, porque ese asunto no era en modo alguno materia de negociación.
Como quiera que sea y aunque ayer el flamante legislador Tomás Ruiz pareció situarse en posición de superar el agravio, pues habló de un futuro donde cabe la cooperación, lo cierto es que la cita al pleno para el desafuero cayó como rayo en tierra seca, o ha sido aprovechado de ese modo por el priismo para fingir que se ha generado un adeudo en su favor, cobrable a la menor oportunidad. Y por más que no haya realmente materia prima para tal débito, lo que han vivido en estos días la Cámara y otros ambientes políticos es la sensación de que el incipiente acuerdo para caminar a las reformas fue flor de un día, que se marchitó.
Aldana podía vivificar de nuevo el clima de entendimiento perdido no por la decisión de Castro sino por un procedimiento iniciado hace largos meses y que tiene que ver con acciones consideradas ilegales pero que en su momento beneficiaron al PRI. Aldana puede presentarse como víctima de un mecanismo cuya operación se decidió en esferas de mayor importancia política que la suya propia y agregar a esa conducta que desde la óptica priista fue meritoria en su momento, su decisión de poner voluntariamente su destino en manos de un juez.
Si procediera de ese modo, además, Aldana expresaría su solidaridad con el secretario general de su sindicato, su jefe Carlos Romero Deschamps. Firmantes ambos de los convenios por los cuales se trasegaron fondos de Pemex a las arcas sindicales, parte de los cuales llegaron al PRI, la PGR pidió el desafuero de ambos. Pero ya sólo Aldana cuenta con inmunidad parlamentaria, porque su cargo de senador concluye en agosto del 2006 mientras que el de Romero Deschamps terminó ya. En una de las fases de la magna operación de desvío de fondos petroleros, Aldana aparece con mayores o más claras responsabilidades aun que Romero Deschamps, pues el tesorero autorizó que empleados y dirigentes priistas retiraran cientos de millones de pesos de una cuenta sindical. No obstante esa implicación directa en la porción de la trama que ya no admite duda, porque constituyó la médula del caso que en la vía electoral analizaron y concluyeron los órganos respectivos, estamos ante la paradoja de que hoy mismo Romero Deschamps puede ir a la cárcel y todavía no Aldana.
Pero no sugerimos que Aldana se eche la soga al cuello y se dirija pacientemente a la prisión. Digo que ponerse en igualdad de circunstancias que Romero Deschamps, por voluntad propia, le acarrearía beneficios políticos y aun penales. Téngase en cuenta que la PGR solicitó la semana pasada órdenes de aprehensión contra el líder sindical. Con optimismo que hoy parece irreal, el ministerio público federal anticipó que esos mandamientos judiciales serían prontamente emitidos, toda vez que el juez del caso conocía los expedientes desde que se inició el procedimiento de desafuero. Pero la lentitud con que el juzgador ha procedido podría ser indicativa de las dudas que le provoca la averiguación previa. Es decir, podría ocurrir que la petición de la PGR no fuera obsequiada, por aplicación de criterios que alcanzarían a Aldana, pues los casos son muy semejantes.