Aunque en teoría ha disminuido el número de las llamadas ventanas que venden bebidas con contenido alcohólico al margen de la ley, el combate a este tipo de negocios clandestinos, que suman unos 50 en el municipio de Durango, se ha hecho difícil por las limitaciones jurídicas para el Juzgado Municipal Administrativo y el Departamento de Inspectores Municipales, amén de la “sofisticación” y la movilidad de domicilios con mercadeo ilegal de vinos y cerveza.
La judicatura municipal reconoció que en septiembre del 2001 había alrededor de 142 ventanas clandestinas que operaban en distintas colonias, fraccionamiento y zonas del centro de la ciudad, sin embargo, al cierre del 2002 se estimaba la existencia de unos 50 negocios ilegales de este tipo.
La Coordinación General de Inspectores Municipales ha reportado en el presente año unos seis golpes a domicilios secretos con venta ilegal de cerveza y vino, pero en el ejercicio del 2002 se levantaron por lo menos 93 actas circunstanciadas contra este tipo de negocios, es decir, un promedio de ocho acciones de combate por mes.
En el contexto de esta problemática, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Pedro Espinosa Gámiz, manifestó que lo recomendable es ampliar o liberar los horarios de funcionamiento en expendios, minisúper, restraurantes-bar y discotecas, para terminar con la operación de las ventanas clandestinas, que además de ser una competencia desleal para los negocios establecidos, representan un riesgo para los consumidores.
Como antecedente a la postura de Espinosa Gámiz, una propuesta de la Canaco turnada a la Presidencia Municipal oficializó la postura del gremio empresarial por ampliar los horarios para la venta de bebidas con contenido alcohólico, además, presentó un plan para regular la “vida nocturna” en el municipio.
Por su parte, los regidores Rosauro Meza Sifuentes y Miguel Ruvalcaba del PRI y PRD, respectivamente, estimaron que no es prudente la ampliación de horarios en el Reglamento de a Alcoholes, pero reconocieron que es determinante poner “mano dura” contra los establecimientos que violentan las disposiciones municipales.