“Las resoluciones que emitió la Jueza Segundo de lo Civil, a partir del 24 de marzo pasado, eran la base de los ataques en contra nuestra por parte del grupo de Eleazar Gamboa. Ahora, aunque no se ha resuelto la litis, nos da confianza de que podemos creer en los jueces locales. ¿Qué sigue? Trabajar por la unidad y el mejoramiento del sector, porque ninguna sentencia va a resolver los problemas y las necesidades reales del empresariado”, expresó Paulino Córdova Quiñónez.
Al ser entrevistado por El Siglo de Durango en la oficina principal del edificio que alberga al Consejo Coordinador Empresarial, en avenida Libertad casi esquina con 20 de Noviembre, Paulino dejó claro: “Desde el principio habíamos dicho que la juez se extralimitó en sus funciones, dado que las únicas medidas preventivas en materia civil son el embargo precautorio y el arraigo, pero éste no era ninguno de esos casos”.
Con el documento en mano que minutos antes había recibido de la Segunda Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia, Córdova reconoció que el fondo del juicio que inició tras la demanda de Eleazar Gamboa Silva tratando de anular las elecciones del CCE, difícilmente se resolverá en los próximos tres meses. Incluso, reconoció que pudiera tardarse uno o dos años si sigue la disputa grupal.
Sin embargo, Paulino, el principal beneficiario de la respuesta que dio el magistrado Apolonio Betancourt a la apelación que promovieron sus abogados en defensa de la asamblea del 6 de marzo pasado en el CCE, remarcó: “Es una forma de quitarle polvo al ambiente empresarial y de darle legitimidad social a la postura que hemos adoptado desde que inició el conflicto”.
“Sabemos” –continuó- “que no está resuelto el fondo del juicio que inició tras la demanda de Eleazar (Gamboa Silva); pero para nosotros este resolutivo nos confirma que no estamos suspendidos como nueva mesa directiva del CCE, y nos compromete a seguir buscando la unidad del sector, a pesar de las circunstancias”.
Básicamente, el escrito –del cual El Siglo tiene copia- dice que “no ha lugar” la medida preventiva que solicita Gamboa Silva (suspender los acuerdos de la asamblea del 6 de marzo), por no ser procedente conforme a derecho, ya que las medidas preventivas que establece el Código Procesal de la entidad solamente son el arraigo y el embargo provisional de bienes, además de que no se encuentra en ninguno de los supuestos que señala el código. “Notifíquese”.
Paulino sabe que trabajar en el CCE con o sin sentencia será complicado, ya que la división de los grupos internos del empresariado se hace cada vez más marcada. “Será, lo sé, un proceso atropellado; pero luego de esta resolución, más allá de buscar nuevos obstáculos o enfrentamientos, pudiéramos sentarnos a trabajar por una mejor gestoría, a trabajar juntos independientemente de lo que suceda con la sentencia final”.
Concluyó que los empresarios están perdiendo espacios y logros que tenían ganados desde hace años, como consecuencia del divisionismo. En ese sentido, sobre el Foprodem dijo que para reactivarlo tendrá que platicar con las autoridades a fin de buscar la forma de reactivarlo.