Los choferes del servicio público de transporte en la modalidad de taxis denuncian el clima de inseguridad en el cual laboran, pues de acuerdo a reportes de los sindicatos, durante la semana se presentan 8 denuncias a consecuencia de que los trabajadores son víctimas de delitos de asalto, robo a mano armada y secuestro.
El sector de seguridad pública no ha instrumentando un programa de prevención del delito para los prestadores del servicio de transporte público. Lo más grave es la indolencia de la Dirección de Averiguaciones Previas para atender las denuncias de los chóferes.
Juan de Dios Gurrola y Francisco Javier Morales, choferes de taxis del sindicato de transportistas de la Alianza, dan testimonio del escenario de inseguridad en que “los trabajadores del volante” realizan su labor en la ciudad de Durango, sobre todo en las noches y en zonas oscuras, pero que por la necesidad de llevar el sustento diario a sus familias, en ocasiones se arriesgan a levantar pasaje en condiciones inciertas. Mientras que las autoridades, pese a las 8 denuncias que en promedio por semana se formulan ante la Dirección de Averiguaciones Previas, no hacen nada por prevenir los delitos de asalto, robo a mano armada e inclusive secuestro de que son objeto los conductores del transporte público.
Pero lo que más molestia y frustración provoca en los transportistas es que cuando se detiene a los presuntos delincuentes, en dos o tres días salen libres, ya sea bajo fianza o porque el testimonio directo de los afectados resulta insuficiente para iniciarles el juicio y sentenciarlos, según lo manifestaron ambos choferes durante entrevista que concedieron a El Siglo de Durango por separado.
El Siglo comprobó el señalamiento de los transportistas, en el sentido de que en la Dirección de Averiguaciones Previas la mayoría de las denuncias nunca prospera. El titular de la dependencia, César Flavio Nájera Quiñones, no pudo proporcionar las estadísticas al respecto, bajo el argumento, primero, de que las solicitaría al Oficial de Partes, y después porque supuestamente se tendría que remitir a cada expediente para saber si era algún transportista el afectado.
Pero además, los dos transportistas expresaron escepticismo sobre los supuestos operativos que realizan las corporaciones de seguridad pública municipal y estatal, al afirmar que al menos al interior de la ciudad nunca los sienten, y menos cuando algún compañero requiere el auxilio. Las acciones se limitan a la instalación de los retenes en las afueras de la ciudad.
Señalan como zonas de alto riesgo para los taxistas las colonias del sureste y noreste de la ciudad, a donde solamente, y con precaución, acudirán previa llamada telefónica y comprobación del domicilio por parte de la operadora de la base.