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Los costos de la improvisación/Diálogo

Yamil Darwich

Un viejo político comentaba que: “En la política no hay cabida para los improvisados”, decía eso refiriéndose a los cambios que se estaban efectuando en México, los que observaba desde su jubilación. Y bien vale la pena reflexionar un poco más en la frase.

Hoy día, pareciera que los destinos de la economía y la misma política están soportados en un péndulo, que acelerado, de pronto está en uno de los extremos, para cambiar rápidamente y llegar al lado contrario.

La mala comunicación y la propia confusión de las ideas hacen que los administradores públicos federales declaren en contraposición a los decires de sus pares, contradiciendo muchas veces al mismo Presidente de la República, su jefe, quien a su vez hace lo propio, sumando con sus posturas más confusiones y dudas.

Pero también hay quienes quieren buscarle “tres pies al gato” y piensan que esa guerra de declaraciones y contradeclaraciones, propuestas y contrapropuestas, leyes publicadas y otras derogadas, son parte de una maquinación ingeniosa, más que de ignorancia e inmadurez política.

Ahora le toca al IVA impuesto a todos los mexicanos “por parejo”; aún cuando unos digan que sí y otros que tal vez, como siempre, siendo el medio para que los partidos opositores traten de mejorar sus posturas de popularidad, atacando sin fundamentar y dejando evidencia de que les es más importante “sumar para sus intereses” que aportar al bien común, para el beneficio de la nación.

Algunos hablan de imponer un IVA con porcentajes que van de tasa cero hasta el veinte por ciento e incluyen a todo tipo de mercancías y servicios, incluso el educativo, que de ser así transformaría a México en el primer país de la historia del mundo que grava el desarrollo humano de sus habitantes, lo que dejaría sin duda otro antecedente negro que nos avergonzará en el corto plazo, más cuando analizamos las estadísticas mundiales en el campo de la eficiencia y eficacia, que nos reprueban y nos confirman como uno de los Estados más ineficientes para atender el problema, que para colmo ahora pretenden agravar buscando imponer un nuevo pago al deseo lícito de superación individual.

El golpe será contundente para muchas de las escuelas particulares, entre ellas las universidades que atienden al 30% de los estudiantes del nivel licenciatura, los futuros profesionales de México.

Y reflexione en algunos datos que le harán ver las graves y desconcertantes contradicciones:

El Estado Mexicano ha demostrado su incapacidad para atender la demanda educativa, responsabilidad que le está plenamente definida en la Constitución y para la que recibe el apoyo de los particulares, que por cierto lo hacen mejor; o acaso no se ha preguntado: ¿Por qué algunos padres de familia, que pueden hacerlo, prefieren pagar por la educación de sus hijos, que debiera ser gratuita? La respuesta en contrasentido es el intento de cobrar un 10% del IVA a esos ciudadanos (hay partidos populistas que pretenden que sea hasta el 20%, considerándola un artículo suntuario), porque más allá de las explicaciones técnicas que puedan dar los economistas, contadores, fiscalistas y otros, son los usuarios (o los papás) los que resentirán la repercusión de tal impuesto en su economía familiar; ¿o acaso piensa Usted que ese dinero saldrá de otras fuentes? Recuerde que el Estado sistemáticamente ha rehuido apoyar a la educación particular de México y que también somos una de las pocas naciones que sostiene una política de diferenciación entre ésta y la Pública. Le recuerdo que países como Brasil, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica no hacen diferenciación alguna y sus resultados en términos de calidad y eficiencia son buenos al abrirla a la libre competencia en base a criterios de calidad, dando los reconocimientos y estímulos correspondientes (igual que cualquier empresa).

No deje de tomar en cuenta que esos ciudadanos que ya pagan una “colegiatura” cumplen además con sus compromisos de contribuyentes y aportan para que el Estado obtenga los dineros que puedan costear la educación pública. La verdad callada es que esta educación pública no la utilizan quienes pagan colegiaturas por no tener confianza en ella; o dígame Usted: ¿Quién paga más por algo que cuesta menos o que es gratis?

Pero los contrasentidos no terminan ahí: Una ley del seguro social hace que ahora todos los profesores, aún cuando sólo den una hora de clase a la semana, deben quedar inscritos en sus registros, pagando sus respectivas cuotas. Esto es ilógico porque no es posible registrar en el IMSS a un trabajador que gane menos de un salario mínimo; más aún: si el caso corresponde a un profesor de tiempo completo de otra institución, o es un profesionista -profesor por vocación que trabaja esos cortos períodos por gusto en la docencia y por el deseo genuino de compartir sus conocimientos con los estudiantes, siendo a la vez una persona de éxito (ésos son muchos casos), ahora deberá pagar doble por un solo servicio, porque ya paga una cuota en su empleo principal, el que le da para vivir. Este doble pago es totalmente injusto y castiga al comprometido socialmente, que tendrá que hacer otro desembolso por enseñar (¿¡¡?).

Para las Universidades simple y sencillamente la ley es tan confusa que no deja reconocer mecanismos para cumplirla, a menos que sólo tenga maestros de tiempo completo y deje fuera de su operación educativa a todos esos profesores-profesionistas que tienen mucho qué enseñar con sus conocimientos actualizados, adquiridos en la brega diaria solucionando problemas reales. El resultado se reflejará en detrimento de la calidad.

Claro que en la amañada estadística, de lograr la administración pública federal su propósito, se reflejará incrementando el número de trabajadores registrados en el IMSS, que se manipulará como una clara evidencia de la mejoría en la economía y atención al desempleo. ¿No le parece un engañoso contrasentido? Como estos ejemplos quedan otras muchas confusiones; por ejemplo: ¿Está el Instituto preparado para atender con calidad a esos cientos de miles de nuevos derechohabientes? Usted estará de acuerdo conmigo en la afirmación de que: En caso de tener la capacidad económica, ante la enfermedad grave de un ser querido, todos acudimos a buscar la solución en los servicios de salud del medio privado. ¿o no es así?... ahora le pido que Usted se responda ¿Por qué?

Hay un viejo refrán que dice “No le eches dinero bueno al malo” y parece que la actual administración pública de México está buscando solucionar problemas en el corto plazo, aún cuando genere otros mayores, al atacar el desarrollo humano de los mexicanos, especialmente por la decepción que generará entre los que forman parte de la clase socioeconómica media, que de nuevo serán “El jamón del sándwich” y soportarán otra carga más en su muy deteriorada capacidad adquisitiva. Dicho de otra manera, tal parece que pretenden “sofocar el fuego con gasolina”.

Con este pensamiento en mente, recuerdo aquel viejo político, ahora finado, que además de todo me parece un “pitoniso” que preveía el alto costo que nos repercutiría la capacitación de los improvisados en la administración pública.

ydarwich@ual.mx

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