Lucha contra
las privatizaciones
Antes de los incidentes, varios manifestantes, algunos portando cargas de dinamita, explicaron los motivos que provocaron la peor crisis institucional que vive Bolivia desde que hace 21 años recuperó el sistema democrático.
“El problema del gas es importante”, sostuvo Eulario Sánchez, integrante de una agrupación de maestros, tras reconocer que el tema que desató las protestas -un proyecto de exportación de gas a través de Chile, país ante el que Bolivia perdió sus costas en la guerra de 1879- parece haber quedado relegado.
“Pero nuestra lucha va más allá, es para evitar que se nos lleven nuestras riquezas naturales. Este gringo (Sánchez de Lozada) fue el que comenzó la capitalización (privatización) en 1985”, agregó refiriéndose a cuando el mandatario fue ministro de Planeamiento del gobierno de Víctor Paz Estensoro e impulso un proceso de apertura de las empresas nacionales a los capitales extranjeros.
Los ánimos se caldearon al avanzar las columnas de manifestantes hacia la plaza central de Cochabamba. A medida que los estallidos de petardos y el incendio de llantas presagiaban los incidentes posteriores, la furia enredaba las palabras de muchos de los opositores.
“Este es un gringo traidor, un mata gente. ‘Goni’ se va o lo matamos”, resumió bruscamente un indígena quechua, con los ojos renegridos saltándole de las órbitas, antes de sumarse a una columna que coreaba “fusil, metralla, el pueblo no se calla”.
De acuerdo a los dirigentes de la oposición, el problema de fondo en la crisis boliviana es que ni el gobierno ni la democracia han logrado paliar la pobreza o la extrema pobreza en la que se debaten seis de cada diez bolivianos.
“No es retórica cuando decimos que Bolivia es pobre”, afirmó Morales, líder de origen aymara del Movimiento al Socialismo. Las privatizaciones del gobierno y el actual mandatario “nos han perjudicado mucho. Por eso le pedimos al presidente: ya no nos dañe, ya no le haga más daño al país. Váyase y déjenos encontrar una salida democrática, una salida constitucional”.