Crece el enfrentamiento entre obispos católicos y partidos políticos. En parte se debe a comprensibles diferencias de opinión, pero también ha influido negativamente la tibia reacción de la Secretaría de Gobernación que, con su indiferencia o con declaraciones apresuradas, han alimentado una dialéctica de enfrentamientos que a nadie beneficia. Es tiempo de cordura.
El domingo pasado en un buen número de parroquias de Morelos los sacerdotes utilizaron el púlpito para recordar los diez pecados electorales del Obispo de Cuernavaca, Florencio Olvera. El documento tiene partes muy positivas porque condena a quienes se abstengan de sufragar o vendan su voto, fomenten la adicción al alcohol o sostengan proyectos de “economía salvaje” que dañen la “justicia social”. El país se estremecería si los católicos tomaran en serio esa condena contra quienes no pagan el salario justo o difunden publicidad de bebidas embriagantes. En lugar de ello, la polémica se ha centrado en la condena explícita y tajante a los partidos que promuevan el aborto, la eutanasia o las uniones de convivencia. Como no es el único ministro de culto que ha tomado esta postura, el enfrentamiento ha seguido creciendo. La crítica afecta a partidos como México Posible y el Partido de la Revolución Democrática que reaccionaron de diferente manera. La presidenta del PRD, Rosario Robles, exigió que intervinieran las autoridades mientras que México Posible fue más allá e interpuso demandas ante las autoridades respectivas dado que los pronunciamientos de los Obispos violan la legislación que prohíbe explícitamente a las iglesias “realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Las diferencias son comprensibles porque la interrupción de un embarazo divide a las sociedades. Toca fibras extraordinariamente sensibles sobre la moralidad y el origen y el significado de la vida. En consecuencia, la tendencia más común entre los actores políticos es a tocar lo menos posible el tema. Independientemente de la opinión que se tenga al respecto, hay una realidad: cada año se practican en México centenares de miles de abortos -no hay cifras definitivas o confiables. Como es ilegal, generalmente se realiza en condiciones que ponen en riesgo la salud y provoca el deceso de miles de mujeres. Las muertas son generalmente pobres que carecen de los recursos para pagar el costo de una intervención privada en México o el extranjero. Eso saca el asunto del ámbito de lo moral y lo transforma, también, en problema de salud pública.
Como integrante de México Posible he visto de cerca la pasión con la que se discuten las múltiples aristas porque en ese organismo participan católicas y católicos que nos debatimos entre los dilemas de la ética y de la realidad. En mi caso, siempre he estado en contra del aborto, pero me parecería irresponsable cerrar los ojos a lo que está pasando. Por tanto, respeto el derecho que tiene cada mujer de tomar la decisión (sola o con su pareja o familia) y resulta natural que acepte como corolario lógico la necesidad de que deje de penalizarse a quienes interrumpan el embarazo. El organismo político aludido tampoco está a favor del aborto, sino a la despenalización del mismo, un matiz fundamental que se ha perdido en el barullo de condenas y demandas.
Algo similar sucede con la diversidad sexual. El ser heterosexual -mi caso- no significa que niegue que en México exista una comunidad gay que ha sido históricamente marginada y zarandeada con el ostracismo y el ridículo. En este terreno la intolerancia es la regla porque nuestra cultura es profundamente reacia a respetar las diferencias en preferencia sexual.
Según la encuesta Los mexicanos en los noventa a la pregunta de si aceptaría vivir con una persona de raza negra, la mayoría (66 por ciento) contestó afirmativamente; con una persona de otra religión 49 por ciento. En contraste, 73 por ciento rechazó la posibilidad de convivir con una persona homosexual. Uno convive con quien quiere, pero si queremos seguir avanzando en el camino de la modernidad, debemos reconocer que esta comunidad tiene derechos que deben ser reconocidos y respetados. Es legal y legítimo que una organización política decida representar y defender los derechos de comunidades marginadas y que proponga que se despenalice la interrupción del embarazo.
Lo verdaderamente inaceptable sería que quisiera imponer estas ideas a quienes, también de manera legítima, piensan de manera diferente y tienen propuestas alternativas. En el último de los casos corresponde a los electores decidir cuáles propuestas prefiere. Se trata, por otro lado, de una discusión socialmente en sus inicios que no puede terminar por la vía de la descalificación. Si dejamos que se condene a quien piensa diferente pudieran resucitar esos odios religiosos que llevaron a guerras, matanzas, mutilaciones y devastación.
La laicidad, la separación de la iglesia y Estado, no es una invención gratuita, es la fórmula sabia que nos dejó una historia trágica. Si la disputa ha ido desbordando los cauces aceptables se debe en buena medida a la lentitud con que reaccionaron las autoridades competentes y, en especial, la Secretaría de Gobernación. El ocho de abril el representante legal de México Posible, Jesús Robles, envío una carta a Javier Moctezuma, subsecretario de Gobernación encargado del tema, solicitando su intervención porque en Oaxaca un sacerdote había condenado a Amaranta Gómez, un zapoteca que es candidato Muxhe (gay) por Juchitán. Gobernación guardó silencio durante las semanas durante las cuales se fue calentando el ambiente de trípticos, conferencias de prensa, sermones y demandas.
Apenas el lunes pasado Santiago Creel declaró que sugeriría a los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) que se aparten de las cuestiones político-electorales. A estas alturas del enfrentamiento, y ante las posibles consecuencias, se trata de una declaración insuficiente. Lo que procede es que la autoridad haga un esfuerzo sistemático de mediación. Si se mantiene el enfrentamiento -al cual se han ido uniendo diferentes actores-avanzará la confusión entre la feligresía, pueden propiciarse agresiones personales y se alentará el abstencionismo. En otras palabras, compete a Gobernación aplicar la ley y promover un diálogo directo o indirecto, privado y/o público, entre las partes. La indiferencia es contraproducente como método democrático. En la medida en la que desaparezca esa intervención de los prelados en asuntos electorales, México Posible debería retirar las demandas interpuestas como una señal de buena voluntad. Independientemente de lo que pase, la lección es clara: hay asuntos que no pueden, ni deben, evadirse. Aunque el consenso sea imposible, es signo de civilización convivir con quienes piensan de manera diferente. Para que sigamos avanzando en la construcción de una cultura democrática es tiempo de cordura.
La miscelánea
Cuando falleció mi madre, un colaborador y amigo cercano escribió un texto que me ayudó a sobrellevar todos esos sentimientos asociados con el duelo, con la despedida de alguien tan cercano. Acaba de morir su padre, don Salvador Quintero Pérez, y aunque me falta esa maestría que Chava tiene con el lenguaje, le envío, a él y a toda su familia, mis condolencias y afecto en este momento que viven. Comentarios: Fax (5) 683 93 75; e-mail: sergioaguayo@infosel.net.mx