GÓMEZ PALACIO, DGO.- Los empresarios del ramo maquilador están recurriendo a prácticas ilegales y que atentan contra la dignidad de sus trabajadores, con el único propósito de evadir el pago de indemnizaciones cuando las autoridades laborales deciden a favor de los afectados.
Alberto Montes Rodríguez, asesor jurídico en materia laboral del Colegio de Abogados de la Región Lagunera del Estado de Durango (CRALED), denunció que aunque estas medidas son adoptadas en todo tipo de empresas, en la actualidad se han incrementado en lo que corresponde a fábricas de ropa, en las que los dueños recurren a toda clase de arbitrariedades.
Rosalba “N”, ex obrera de la fábrica “Bull D”, promovió una demanda por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) desde marzo de 2001.
Recientemente, el tribunal obrero resolvió a favor de la afectada y la sentencia obliga a la empresa a pagar el monto de la indemnización constitucional, más los salarios caídos de los dos últimos años, prima de antigüedad y las partes proporcionales de aguinaldo y vacaciones.
Al conocer esa resolución, los dueños de la empresa fueron a buscar a Rosalba hasta su domicilio para ofrecerle el pago de 14 mil pesos, a cambio de no concluir con el procedimiento de la demanda y dejar a un lado la asesoría que le ha prestado todo este tiempo su abogado defensor, Montes Rodríguez.
Esa cantidad, dijo el litigante, no es ni la mínima parte de lo que le corresponde de acuerdo con la Ley y el ofrecimiento de los empresarios está al margen de toda legalidad.
Otro caso se dio recientemente con un ex trabajador de otra maquiladora, al que también despidieron sin razones que lo justificaran y dos años después, le pagaron dos mil 500 pesos y lo recontrataron, a cambio de desistir en la demanda laboral, mediante la que por lo menos obtendría 80 mil pesos de indemnización.
Estas situaciones, dijo Alberto Montes, no deben ser permitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, instancia que debe intermediar en los “arreglos” que hacen los dueños de las empresas con el consecuente perjuicio para sus trabajadores, aprovechándose de su poco conocimiento de la Ley y enorme necesidad de conseguir un empleo.
A la vez, dijo, se está afectando la labor de los abogados laboralistas, a quienes se deja en entredicho luego de varios años de trabajar en un caso determinado.