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México, DF.- La dirigencia nacional del PRI indicó que corresponderá a sus grupos parlamentarios en las cámaras de Diputados y Senadores definir los tiempos y los ritmos, así como las formas de abordar la discusión de la reforma eléctrica.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) agregó en un comunicado que una vez que el Consejo Político Nacional aprobó por unanimidad los criterios generales para la discusión de este tema, corresponderá a los legisladores hacer valer sus posiciones.
Los criterios aprobados por los consejeros señalan como ejes de acción que toda reforma en materia eléctrica deberá promover el desarrollo nacional.
Asimismo, garantizar un suministro eficiente y de calidad que impulse el mercado interno, oriente la generación de empleos y potencie los recursos públicos para tener un marco financiero más viable que se canalice a la atención de los rezagos sociales.
También considera la necesidad de modificar el marco jurídico vigente que dé certidumbre a todos los participantes del sector, tanto públicos como privados, tanto productores como consumidores, con reglas claras que eviten la simulación.
El comunicado del CEN del PRI, añade que los criterios aprobados proponen una reforma jurídica que tenga como objeto garantizar la viabilidad económica de las empresas y organismos públicos de consideración estratégica, por sobre su aportación fiscal.
Lo anterior, para que alcancen su alto cometido de justicia social, en el marco constitucional de la economía mixta.
Asimismo, destaca que el PRI se pronuncia porque el Estado mantenga la rectoría en el sector, el control y operación de las redes de transmisión y distribución, así como el despacho de la energía eléctrica.
Por otra parte, el tricolor propone que se limite expresamente el porcentaje de generación proveniente de proyectos de la iniciativa privada, bajo las figuras legales correspondientes, tanto a nivel nacional como regional.
Plantea también que se fortalezcan las facultades de la Comisión Reguladora de Energía para proteger la integridad del sistema, promover la productividad y eficiencia de las empresas del sector y defender los intereses de los usuarios.
La propuesta incluye la definición de los subsidios, autonomía de gestión y planeación, y por supuesto la defensa de los derechos laborales de los trabajadores electricistas.