Casi como si estuviéramos en Suecia. El pasado miércoles el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descalificó las elecciones de gobernador en Colima por la parcialidad exhibida por el gobernador actual, Fernando Moreno Peña a favor del candidato vencedor. En realidad, el gobernador Moreno Peña hizo lo mismo que durante años han hecho los mandatarios en turno: apoyar a “su gallo”. Lo que ha cambiado es el país. En el fondo sorprende menos esta decisión histórica de tumbar a un gobernador electo, que el hecho de que la decisión se acata sin mayores aspavientos (a desgana, desde luego, pero sin resistencias). Y eso, justamente, es lo más destacable. Es tal la legitimidad que han adquirido las decisiones de las autoridades electorales, que por severas que puedan parecer a la clase política, no hay siquiera tentaciones de pataleo (movilizaciones, marchas, boicots a los que eran tan proclives los gobernadores).
De igual forma, las millonarias multas que impuso el IFE al PRI, al PAN y al Partido Verde han encolerizado a las cúpulas partidistas, pero serán acatadas irremediablemente (sólo el “Niño Verde” amagó con interponer recursos legales en su defensa). Lo cual describe, una vez más, el enorme poder y la autonomía que han adquirido las autoridades electorales.
No es de extrañar el verdadero parto que ha significado la elección del nuevo Consejo del IFE, máxima autoridad en el país en materia electoral. Hace siete años el nombramiento de los consejeros se desahogó con rapidez y alegría, en una sola sesión de la Cámara. Cuan ajenos estaban los partidos de anticipar la pesadilla que se les avecinaba. Nadie adivinaba la independencia de criterio y el rigor que exhibirían los ciudadanos a lo largo de estos años. Y nadie la adivinaba porque esos ciudadanos fueron propuestos y votados por los mismos partidos y se suponía que representaban cuotas (unos favorables al PRI, otros al PAN y otros al PRD) que se neutralizarían y cuidarían mutuamente. Lo que nunca se imaginaron es que se “voltearían” en contra de los partidos cuando éstos incurrieran en irregularidades y mucho menos que les castigarían con tal rigor y severidad.
Por eso es que el nombramiento para definir el Consejo para los próximos siete años es ahora otra historia. Los partidos están actuando con mayor cálculo, incluso mezquindad. No sólo porque cada partido busca el mayor peso específico frente a los partidos rivales en la composición final de un Consejo formado por nueve miembros. También porque todos ellos coinciden en la búsqueda de integrantes menos estrictos, más “contemporizadores”.
Es lamentable, pero es lógico. En realidad el error reside en la manera en que se realiza esta selección. Se supone que es el Congreso quien escoge a los ciudadanos mejor dotados: requieren ser independientes, justos, sabios y democráticos en materia electoral. No deben ser militantes de ningún partido. Hasta ahí todo va bien. Pero para que el pleno esté en condiciones de votar, se decidió que cada partido escogiera tres candidatos y los líderes de las fracciones negociaran una lista definitiva. Por lo mismo, se trata de una lista con muchos equilibrios y producto de varios vetos para eliminar aristas. En el fondo la decisión quedó secuestrada del Congreso y en manos de las cúpulas de los partidos.
Con lo cual el procedimiento se corrompe. Equivale a entregar en manos de un posible enjuiciado la designación del juez que habrá de juzgarle. En tal caso la tentación de buscar a un magistrado favorable será irresistible. Y eso es justamente lo que estamos viendo.
La invención del Consejo Ciudadano para supervisar y dictaminar en materia de elecciones y partidos políticos fue una invención genial. Pero dejar su nombramiento en manos de los partidos es una solución desastrosa.
La primera vez, hace siete años, los partidos se cuidaron unos a otros las manos y designaron un grupo de ciudadanos excepcional. Hoy en cambio, que todos los partidos son gobierno y todos han probado los castigos del IFE, parece que han preferido pactar entre sí para buscar un consejo menos respingón. Más consejeros, que ciudadanos. Ojalá me equivoque. En todo caso no se requiere que sea respingón sino justo y que vele por el interés público. En los próximos meses sabremos cabalmente cuáles son los alcances y la calidad moral y cívica del grupo que ahora inicia. Pese a la cercanía de algunos de ellos a determinadas corrientes e institutos políticos, confiamos en que en el ánimo de todos ellos se imponga el mandato que la Nación les ha encomendado.
Pero sería conveniente introducir reformas, ahora y no dentro de siete años, para que la designación de este poderoso y estratégico grupo no salga de las cúpulas partidistas. No es sano que los supervisados designen a su supervisor.
Las elecciones son demasiado importantes para dejarlas en manos exclusivas de los partidos. ¿Si no son los Consejeros Ciudadanos los que lo hagan, quién velará por el voto de todos nosotros?
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