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WASHINGTON, EU.- El gobierno mexicano está en proceso de crear una base de datos electrónica sobre las matrículas consulares que otorga en Estados Unidos para aliviar preocupaciones sobre la “seguridad” del documento en este país, pero retendrá absoluto control de la información.
Fuentes mexicanas y estadounidenses consideraron como “poco probable” que el Senado estadounidense refrende una medida aprobada por la Cámara de Diputados para que el Departamento de Estado “controle” y “reglamente” la emisión de tarjetas de identidad por las embajadas de otros países, pero destacaron que el tema de la matrícula consular se ha convertido en un punto de debate dentro y fuera del gobierno estadounidense.
El debate es político sobre todo. Para la Casa Blanca, que creó un “grupo de trabajo” para revisar la decisión de aceptar o no la matrícula como una forma viable de identificación para determinados trámites, el tema se convirtió en una “papa caliente” porque no desea por un lado ofender más a los ya irritados hispanos estadounidenses y menos en época preelectoral, pero tampoco enfrentarse a parte de sus aliados en el Partido Republicano.
Al mismo tiempo, la medida aprobada por la Cámara Baja es contraria a la Convención de Viena sobre protección y derechos consulares, lo que obliga al Departamento de Estado a oponerse al menos públicamente a su aprobación final.
La base de datos electrónica que el gobierno mexicano plantea se haría con base en las tarjetas emitidas por los consulados, con sus adiciones, y sería “cruzada” con otras bases de datos mexicanas, como la del Instituto Federal Electoral (IFE).
La ausencia de una base de datos verificable es una de las objeciones de las autoridades de seguridad estadounidenses a la matrícula, y la disponibilidad de información recolectada por los consulados mexicanos ayudaría a aliviar esa preocupación.
Pero al mismo tiempo, es uno de los pretextos formales presentados por grupos descritos como “xenofóbicos” para oponerse a la tarjeta, que consideran como una “regularización” por la puerta trasera.
Los grupos alegan igualmente que es relativamente fácil obtener una tarjeta consular mexicana o falsificar los documentos necesarios para obtenerla, lo cual se constituye en un problema de seguridad para este país.
Pero de acuerdo con José Pertierra, un abogado y activista de temas migratorios, la cuestión es básicamente político- ideológica, toda vez que la “matrícula” ayudaría a resolver un problema de seguridad: “Tenemos casi 11 millones de indocumentados, el hecho de saber quiénes son y dónde están cinco millones de ellos alivia el problema”.