La recomendación girada por el Instituto Federal Electoral, en el sentido de suspender los anuncios publicitarios de las obras y programas del Gobierno Federal en los días previos a las elecciones del seis de julio es positiva.
La medida pretende evitar que el referido ejercicio de publicidad influya de manera indirecta en los resultados de las elecciones, lo que viene a confirmar los límites que deben distinguir a la función oficial del trabajo partidista.
La propuesta una vez que ha sido aceptada por el Presidente de la República, debe ser la base de un acuerdo nacional, que en el futuro se convierta en Ley a fin de regular los gastos publicitarios del gobierno en sus tres niveles y de esta suerte se ponga freno o al menos se reduzca el dispendio que en este rubro existe, a despecho de las grandes carencias que enfrenta nuestro país, sobre todo los sectores más pobres de la sociedad.
La recomendación de referencia fue hecha a solicitud de la Confederación Nacional de Gobernadores, especie de sindicato que en el actual sexenio, se ha organizado con el objeto de interactuar con el Presidente de la República y como consecuencia entre los dos niveles de gobierno.
El IFE dirige la recomendación al Ejecutivo Federal en exclusiva según corresponde a su competencia sin embargo, por elemental congruencia los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y municipios de país deben actuar en consecuencia y suspender sus propias campañas que tienden a publicitar los programas y obras de gobierno en sus respectivos niveles.
Lo anterior con mayor razón, en virtud de que la recomendación del IFE tiene lugar en virtud de diversas solicitudes entre otras, la que giró la propia Conago.
Por ello resulta absurdo que en forma expresa, el gobernador priista de Chihuahua Patricio Martínez exprese que él no retirará su propaganda “porque ningún apartado de la Ley se la prohíbe”, lo que lo coloca en rebeldía frente a lo que sería un buen acuerdo nacional en el sentido indicado.
En términos también absurdos se ha pronunciado el gobernador de Chiapas Pablo Salazar ya que según él, el suyo es “el único gobierno estatal que no tiene signo partidista”, lo que desde luego no es cierto, ya que emana de una coalición de partidos específicos, que hicieron un frente común de oposición al PRI como partido gobernante. Por lo que hace a los gobernadores panistas, el Ejecutivo de Aguascalientes Felipe González condiciona la suspensión de la propaganda de su gobierno a la existencia de un acuerdo nacional de gobernadores.
A nivel municipal en Torreón, el alcalde Guillermo Anaya condiciona la suspensión de las campañas publicitarias a que el gobernador Enrique Martínez haga lo propio, lo que revela una vez más, la necesidad de celebrar un acuerdo multilateral de cobertura nacional, en torno a la propuesta del IFE ya aceptada por el Presidente de la República.
Al aceptar la recomendación hecha por el IFE, Vicente Fox reconoce que él retiró la publicidad de la Presidencia a su cargo, lo que contribuirá a un mejor ambiente electoral y a propiciar acuerdos entre las diversas fuerzas políticas y el Gobierno Federal. La conveniencia de que la recomendación sea la base de un acuerdo de alcance nacional que incluya a los tres niveles de gobierno es patente.
Sería lamentable que cada Gobernador o Presidente Municipal jalara por su lado, pues ello indicaría que no existe la voluntad política para establecer reglas objetivas para regular la participación en nuestra vida pública y en cambio, prevalece entre los protagonistas la idea de que se cumplan los principios de la cultura democrática “en los bueyes de mi compadre”.