Se encuentran a la deriva los menores porque no hay un sistema preventivo que impida se conviertan en infractores
COMARCA LAGUNERA.- La incidencia de los delitos cometidos por menores infractores va en aumento. En Coahuila existe desde hace diez años la Ley de Atención, Tratamiento y Adaptación de Menores (LATAM), que se rige bajo el esquema de la Ley Garante. En Durango, los menores enfrentan una añeja Ley Tutelar con 23 años de existencia que sólo opera de forma integral en la capital del Estado.
El rezago en materia de legislación tiene a la deriva a los menores infractores que también son catalogados como menores en situaciones de riesgo. La Ley Tutelar sólo contempla sanciones, no aplica la labor preventiva para evitar que los niños se conviertan en delincuentes.
En la Comarca Lagunera de Durango se construye un funcional edificio que albergará al Consejo de Orientación y Observación de Menores Infractores (COOMI), la obra se encuentra en un 80 por ciento de avance, probablemente esté terminada en el presente año.
Actualmente, en la República Mexicana, el 70 por ciento de los Estados rigen a los menores infractores con una Ley Garante. El Gobierno del Estado de Durango se preocupa por contar con un inmueble vanguardista, donde acudieran los niños infractores regidos por una vieja Ley.
“Existe la necesidad de darle a los menores todas las garantías de los mayores y de todos los seres humanos, en cuestiones penales no se pude aplicar la analogía, además existen convenios internacionales que protegen a los niños”, dijo Gabriela Estavillo Flores, presidenta del Consejo Unitario de Menores en Torreón.
La aplicación de una Ley Tutelar puede violar los derechos de los niños, al respecto, la funcionaria estatal comentó: “La cuestión es que no se contemplaban puntos que ahora son obligatorios como la defensa, el careo, la apelación, el amparo, entre otros; no por ser menores tienen menos derechos”
Para detallar las funciones del Consejo Unitario de Menores, Gabriela Estavillo menciona que su objetivo es aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento de los menores, basadas en los resultados del Comité Técnico Interdisciplinario y su cuestión legal. “Los dos criterios son utilizados para la resolución”, dijo.
“El Comité Técnico hace muy sui generis la Ley de Menores porque se va a aplicar un estudio por parte de un psicólogo, una trabajadora social, un médico y un maestro, para ver al menor por dentro y por fuera, detectar adicciones, el medio social, estructura familiar”.
La presidenta del Consejo Unitario de Menores dice que lo importante es detectar el problema y no atacar sólo la infracción, sino la génesis donde surgió el caso y tratar de dar opciones de solución, mediante terapias, individuales o familiares.
El procedimiento descrito trata de conciliar dos cuestiones, por un lado, que la sociedad tenga una respuesta ante un menor que está cometiendo una infracción, y por otro lado que el menor reciba el tratamiento que requiere para que no reincida y en el futuro, el costo social y económico para el Estado se reduzca para evitar que sean moradores de los Ceresos.
“La reincidencia es alarmante, es del 30 por ciento, tenemos ya niños clientes, conocemos a su familia, esto por la negligencia de los padres, algunos dicen “es que robó no mató a nadie, el menor se confunde”.
Prevención y atención al delito
El pasado domingo nueve de marzo, se publicó en este medio un reportaje sobre el incremento en el número de menores consignados al Ministerio Público en Gómez Palacio. También se detectó que no existe una labor de prevención al delito, los menores detenidos no son canalizados a instituciones sociales según el tipo de problema que presenten.
En Torreón existe la Unidad de Prevención y Tratamiento a Menores Infractores. Cuando hay un detenido y se presume que es menor de edad, pasa a la Unidad que hace las funciones del Ministerio Público investigador y después pasará a ser adscrito.
El menor pasa a la Residencia Juvenil, el comisionado estima si hay elementos suficientes y lo remite, esto puede ser con detenido o sin detenido.
Cuando se remite la averiguación el Consejo de Menores debe ver dos supuestos, si hay o no detenido; si el menor está detenido, el Consejo tiene 24 horas para tomar su declaración inicial y 48 horas para resolver su situación jurídica inicial. El término es menor porque se rige por la informalidad, expeditez, para darles un trato más especial.
“Después se da vista al comisionado, al defensor de oficio y al Comité Técnico que tiene 15 días hábiles para practicar el diagnóstico biopsicosocial contemplado por las cuatro disciplinas”, dijo Gabriela Estavillo.
Con base al diagnóstico y de acuerdo al periodo probatorio, el consejero debe emitir una resolución definitiva, o sea el equivalente a una sentencia. “Si se acredita la infracción se va a determinar qué tipo de medidas aplicar, internas o externas o un apercibimiento o amonestación”.
La presidenta del Consejo señaló: “Hay que destacar que si se consigna sin detenido, sólo cuando es grave se gira una orden de presentación que es igual a una orden de aprehensión obsequiada por un Juez Penal”. Cuando la infracción no es grave, no se cita la orden y mediante un escrito se manda llamar a los padres del infante.
Cuando hay resolución definitiva, se le debe dar seguimiento, cuando el menor es atendido de forma externa, de acudir cada semana a firmar y acreditar que asiste a la institución donde fue canalizado como el DIF o CAIF.
Si incumple con la medida, la Ley da la facultad de revocar ciertos beneficios del menor y amonestar o multar a los padres en caso de incumplimiento.
Laguna de Durango en el limbo
La descripción del funcionamiento del Consejo Unitario de Menores y de la Unidad de Prevención y Tratamiento de Menores Infractores es una muestra de la aplicación de leyes vanguardistas en La Laguna de Durango; los menores están a la deriva.
Los infantes de diez a 16 años de edad, que cometan algún delito contemplado en el Código Penal, son canalizados a las agencias del Ministerio Público en la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Durango. Ahí el representante social determina si el menor incurrió en una falta y de ser necesario lo envía al COOMI.
Con esta forma de trabajo, sólo se atiende la sanción de la infracción, mientras que la labor preventiva para evitar el incremento de los delitos cometidos por menores sigue ausente.
Rezagos legales
En el Estado de Durango existe un rezago en la legislación de menores infractores, desde hace 23 años se aplica la Ley Tutelar cuando el concepto nacional actual es la Ley Garante.
En julio de 2002, los integrantes del Consejo Tutelar de Menores elaboraban un anteproyecto para entrar en la nueva corriente, pero sin distanciarse del concepto paternal en beneficio de los adolescentes.
María del Refugio Vázquez Rodríguez, ahora ex directora del Centro de Observación y Orientación de Menores Infractores e integrante del Consejo Tutelar de Menores, informó que para diciembre de 2002 esperaba concluir la propuesta para modernizar la Ley en esta materia.
“El problema no es la impartición de la justicia en los menores, sino el análisis de su problemática que permite su adaptación a la sociedad mediante actividades académicas, culturales y físicas’’, dijo María del Refugio Vázquez.
La ex funcionaria aceptó que en el formato tradicional de la Ley Tutelar, predomina la figura paternal, misma que no permite apelaciones por parte del menor que enfrente alguna presunta responsabilidad, situación que cambiaría con la aplicación de la Ley Garante.