Agencias
MÉRIDA, YUCATÁN.- Tres mil 500 agentes de seguridad, apoyados con 400 perros entrenados para la búsqueda de artefactos explosivos, resguardarán la ciudad de Mérida durante los próximos días.
Y es que el presidente Vicente Fox firmará hoy martes la Convención de la ONU contra la Corrupción, en el marco de la Conferencia Política de Alto Nivel que se realizará en Mérida, Yucatán, del nueve al 11 de diciembre, en la que participarán 120 países integrantes del Sistema de Naciones Unidas.
La convención, cuya realización fue por iniciativa de México, busca establecer un marco jurídico universal que facilite la cooperación entre naciones para castigar a funcionarios públicos y a personajes de la Iniciativa Privada que cometan ilícitos como saqueo de las arcas de la nación, transacciones bancarias producto de este flagelo y lavado de dinero.
En días pasados se instalaron puestos de revisión en hoteles de la localidad, y dispositivos para la revisión de vehículos mediante sensores detectores de explosivos y metales.
La Policía Federal Preventiva (PFP) se reportó lista y comisionó a 481 elementos de las fuerzas de reacción y alerta inmediata, a fin de resguardar la seguridad durante la Convención Contra la Corrupción de la ONU que se llevará a cabo hoy martes nueve, diez y 11 de este mes.
En un reporte la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) aseguró que los casi 500 efectivos de esta corporación están prácticamente listos y en estrecha coordinación con autoridades locales y del Estado Mayor Presidencial para vigilar el evento.
En el marco de la 58 Asamblea General de la ONU se aprobó por unaminidad la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y se conminó a los miembros a suscribirla durante la Conferencia Política de Alto Nivel, además de que se proclamó el día nueve de diciembre como el “Día Internacional contra la Corrupción”.
En este sentido, el presidente Vicente Fox Quesada después de firmar este instrumento jurídico-internacional, con carácter vinculatorio, lo mandará al Senado de la República para su ratificación.
Es importante señalar que el comité especial encargado de negociar dicha Convención estableció que la Convención de Mérida deberá ser ratificada al menos por 30 de los 120 países firmantes y 90 días después de la ratificación entrará en vigor.
Las delegaciones participantes en la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de la ONU Contra la Corrupción estarán integradas por los ministros de procuración de justicia y de relaciones exteriores de cada país miembro.
La delegación de México está conformada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez; de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos; y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.
Por primera vez, en el consenso internacional logró contemplar la devolución de activos producto de actos de corrupción y obligará a los países a cooperar en lo posible para establecer mecanismos a fin de prevenir y detectar movimientos de fondos obtenidos por acciones corruptas, así como facilitar su decomiso.
Asimismo, para no obstaculizar investigaciones realizadas a funcionarios públicos, nacionales como extranjeros, se acordó la eliminación de fueros políticos e inmunidades, sólo en caso de que quienes tienen este derecho constitucional e internacional hayan cometido un acto ilícito por motivos de corrupción.
Respecto a la recuperación de activos, la Convención prevé dos mecanismos a los que los Estados podrán acudir de manera indistinta; el primero, recuperarlos en forma directa en los tribunales del Estado en cuyo territorio se ubiquen los activos.
El segundo, mediante cooperación internacional, por lo que los firmantes deberán contar con legislaciones que permitan a sus autoridades ejecutar órdenes de decomiso emitidas por otro Estado parte o emitir directamente dichas órdenes.
La Convención establece medidas concretas para facilitar la devolución de bienes provenientes del erario, es decir que cuando éstos han sido decomisados conforme a los procedimientos previstos en este documento y se haya emitido una sentencia que ordene su devolución, deberán ser devueltos al Estado requirente (el Estado víctima del delito).