Vista la necesidad del gobierno mexicano de cumplir el propósito del presidente Fox de pactar con Estados Unidos un acuerdo que mejore la suerte de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, es comprensible tanto como inaceptable la esbozada intención de legisladores norteamericanos de canjear la apertura de Pemex, que su gobierno ha solicitado de tanto en tanto -y conseguido en alguna medida en el pasado- por un acuerdo migratorio. Desde muy poco tiempo después de la expropiación de 1938 los intereses petroleros norteamericanos insistieron en volver a México. Dado que era imposible revertir por entero la nacionalización, consiguieron entrar por una puerta lateral, la de los contratos riesgo, que por un lado ofrecían ventajosas condiciones para los beneficiarios que trataban con Pemex y por otro demoraron el desarrollo tecnológico en la expropiación y en la perforación, a que se referían tales contratos. Como lo explicaremos adelante, esos documentos concluyeron su vigencia en los años sesenta, pero esa cancelación sólo abrió un paréntesis en la pretensión norteamericana de controlar o por lo menos influir en la industria petrolera mexicana. En ese capítulo se inscriben las tratativas, fallidas a la postre, para tender un gasoducto hacia Estados Unidos, propiciadas en los setenta por la antigua relación mercantil y amistosa que mantenían quien era a la sazón el director general de Pemex, Jorge Díaz Serrano y el después presidente de los Estados Unidos, George Bush, padre del actual ocupante de la Casa Blanca y tan influyente en las decisiones de su hijo que el presidente Fox ha creído conveniente involucrarlo en la búsqueda de un mejor clima en las relaciones entre su gobierno y el del ex gobernador de Texas.
Cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, ese añejo y permanente interés surgió de nuevo. Se le expresó entonces con la misma zanahoria que hoy, la posibilidad de mejorar la situación migratoria de los mexicanos en aquel país. Lo recordó este fin de semana el ex canciller Jorge Castañeda, y lo puntualizó ayer un testigo del intento, el experto fronterizo Jorge A. Bustamante. Como asesor del grupo mexicano, el eminente sociólogo presenció el siguiente episodio: “...el equipo negociador de los Estados Unidos, dirigido por la señora Karla Hills, en una reunión con su contraparte mexicana dirigida por el doctor Jaime Serra Puche, celebrada en un hotel de Mazatlán en preparación de las negociaciones bilaterales, respondió a una propuesta mexicana de incorporar el tema de los trabajadores migratorios a dichas negociaciones. El equipo de Karla Hills reaccionó con una contrapropuesta que condicionaba la aprobación de la propuesta mexicana a que se abriera Pemex a la participación de las empresas estadounidenses en todas las fases de la explotación y comercialización de los hidrocarburos mexicanos. El equipo del doctor Serra no tardó en contestar con una rotunda negativa a la contrapropuesta estadounidense. Por este intercambio de propuestas, ni el tema de los trabajadores migratorios ni el tema del petróleo entraron en la agenda de las negociaciones del TLCAN. La prudencia del doctor Serra Puche hizo que hubiera un acuerdo bilateral de no hacer público ese intercambio de propuestas para evitar una politización prematura de las negociaciones del TLCAN, que ya de por sí habían suscitado una conspicua oposición, tanto en México como en Estados Unidos”. (Milenio, 12 de mayo). El interés por el petróleo mexicano siguió tan presente en Estados Unidos en los años siguientes que hoy hace precisamente siete años, el 13 de mayo de 1996, se preguntó a un gobernador mexicano su visión sobre la gestión de Pemex. Ya se avizoraba en los círculos influyentes de Nueva York la posibilidad de que ese gobernador, Vicente Fox, tuviera en sus manos la decisión sobre el manejo del petróleo mexicano. Ante los miembros de The Americas Society, Fox respondió de modo ambiguo, quizá porque no estaba preparado para enfrentar la pregunta, quizá porque busca decir a sus oyentes lo que éstos esperan. Y los magnates neoyorquinos deseaban escuchar que habría privatización. Ya la hubo, parcialmente, durante una veintena de años. Y no obstante la negativa experiencia de entonces, ahora están en curso nuevas formas de esa participación privada y foránea, a que se acude con la excusa del empobrecimiento de Pemex y su incapacidad para abordar su propio financiamiento. El 18 de marzo de 1970, al anunciar la conclusión de esa forma de injerencia exterior, el entonces director de Pemex Jesús Reyes Heroles recordó las leoninas condiciones que la regían : “Entre 1949 y 1951, Petróleos Mexicanos suscribió cinco contratos riesgo con empresas petroleras privadas, que establecían un período para la explotación y perforación de pozos y señalaban como remuneración, por parte de Petróleos Mexicanos, el reembolso total, sin plazo de vencimiento, de los gastos e inversiones por trabajos ejecutados, con el valor del 50 por ciento de los hidrocarburos producidos por los pozos perforados y una compensación que iba del 15 al 18.25 por ciento del valor de la producción, por un periodo de 25 años”. Esos pactos, dos con el grupo Cima (uno de ellos de exploración submarina) y con las empresas Sharmex, Isthmus Development y Pauley, fueron rescindidos porque sangraban la economía petrolera, ya que implicaban el pago mensual promedio de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos. Seguiremos.