“Quiero decir, muy enfáticamente, que el IFE no quiere confrontarse con el PRI: quiere cumplir la ley”. Alonso Lujambio
La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral ha decidido, por votación dividida, imponerle al PRI una multa de mil millones de pesos por el delito de peculado electoral. La multa deberá ser ratificada por el pleno del IFE este viernes 14 de marzo. El PRI tendrá todavía la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La multa no se aplicará a las prerrogativas de este 2003, pero sus efectos en años posteriores podrían ser devastadores para el partido que sigue siendo la principal fuerza política de nuestro país.
El PRI ha objetado la multa y ha acusado a los consejeros del IFE de estar persiguiendo a su partido. Los priistas cuestionan la solidez del caso: Afirman que el partido no recibió el dinero del que se le acusa y que la acusación es producto de una investigación penal basada solamente en testimonios de testigos protegidos. Además, el PRI ha presentado una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables por haber entregado información de una averiguación previa judicial al IFE. En una entrevista ayer con Ramón Fregoso y Ana María Lomelí de “Hechos de la mañana”, la fiscal electoral María de los Ángeles Fromow declaró que los testigos del caso no son “protegidos” y que sí hay pruebas adicionales a los testimonios para la acción emprendida.
La información disponible señala que hubo una serie de convenios por los cuales Pemex entregó, en el año 2000, 1,580 millones de pesos al sindicato petrolero. Unos ex funcionarios del PRI han declarado que retiraron 500 millones en efectivo y los entregaron a Jorge Cárdenas, secretario de Finanzas del partido durante la campaña presidencial de Francisco Labastida. Las autoridades cuentan también con registros de la entrega del dinero en efectivo por Banorte y de su manejo por la empresa Cometra de transporte de valores. La multa de mil millones de pesos es el doble de los 500 millones presuntamente entregados al partido. El PRI niega que los fondos hayan entrado a sus arcas. De hecho, el partido tuvo serios problemas financieros al final de la campaña. Una ex candidata priista me dice que, aun cuando el dinero se haya entregado a Cárdenas, esto no significa que se haya utilizado en la campaña del PRI. “Es injusto castigar a todos los priistas y poner en peligro el sistema de partidos, por lo que parece fue un fraude de unas personas en lo individual”. La ex candidata afirma, además, que el IFE no le dio oportunidad al PRI de presentar pruebas de descargo.
Los directivos del PRI, por otra parte, cuestionan que su partido haya sido castigado en un momento en que no ha habido avances en el caso de Amigos de Fox. Los panistas afirman que hasta este momento no hay pruebas concluyentes de que las presuntas aportaciones del extranjero a esa organización hayan llegado a la campaña presidencial, pero esto se debe a que los implicados han usado el secreto bancario para ocultar los detalles de sus transacciones. Los priistas señalan que tampoco hay pruebas contundentes de que el dinero que recibió Jorge Cárdenas -quien está desaparecido- haya sido entregado al PRI. El IFE está partiendo de la suposición de que el PRI es responsable sin que lo haya demostrado.
Independientemente de los argumentos legales, el PRI recurrió este martes 11 de marzo a sus viejas tácticas de presión para tratar de impedir que la Comisión de Fiscalización tomara su decisión. Decenas de priistas pretendieron irrumpir violentamente en la sesión de la comisión, pero se les impidió el acceso. Rafael Ortiz, representante suplente del PRI en el IFE, ha declarado: “Ya verán lo que es jalar la cola al león”.
Si el Tribunal Electoral ratifica la multa, el resultado sería desastroso para el PRI. Cada vez es más claro que el dinero es la base de la nueva democracia mexicana. La multa pondría casi fuera de combate al principal partido político del país, lo cual resulta sumamente peligroso. Al mismo tiempo, sin embargo, el mensaje a los partidos es muy claro: Ya no se puede recibir dinero público por debajo del agua. Habrá que seguir ahora con cuidado las investigaciones sobre las presuntas aportaciones del extranjero a Amigos de Fox.
Garantía de conflicto
La intervención quirúrgica ayer al presidente Vicente Fox no implicó un riesgo de vida, pero nos recuerda lo importante de modernizar las disposiciones constitucionales de reemplazo del presidente en caso de muerte o incapacidad. La fórmula actual, que obliga a acudir al Congreso para elegir a un sustituto por mayoría calificada de dos terceras partes, parece garantía de conflicto e ingobernabilidad.