MADRID, ESPAÑA.- España decidió ayer no pedir la extradición de 40 personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad durante la llamada "guerra sucia" argentina, alegando que cualquier acción judicial debe tener lugar en Argentina.
"Creemos en la firme voluntad, porque así lo ha manifestado su presidente (Néstor Kirchner), de los miembros del gobierno argentino de proceder al enjuiciamiento de esas personas y por esa razón, el principio de la territorialidad (...), nosotros no hemos accedido a plantear la petición de extradición", dijo el vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy.
Desde la patagónica provincia de Santa Cruz, Kirchner reafirmó la voluntad oficial de acabar con la impunidad.
"En la Argentina no puede quedar consolidada la impunidad y todos aquellos que fueron responsables del genocidio que nos tocó vivir en la dictadura militar tienen que asumir las responsabilidades que correspondan", aseguró.
Madrid solicitó a Buenos Aires que le informe, en caso de que la Corte Suprema argentina decida declarar inconstitucionales dos leyes de amnistía a militares involucrados en crímenes durante la dictadura (1976-1983), que llevaría ante la justicia local a los detenidos.
El gobierno español también pidió que su similar argentino mantenga a disposición judicial a los 40 militares hasta que se produzca el fallo de la Corte Suprema, lo que en el despacho del juez argentino Rodoldo Canicoba Corral fue interpretado como un pedido para mantenerlos detenidos.
El magistrado, quien había detenido a las 40 personas buscadas por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, dijo a que sin el pedido de extradición deberá comenzar a liberar a los detenidos a partir de la semana próxima.
"Si no hay extradición, no hay arresto", dijo el magistrado a periodistas, desechando el pedido español.
Garzón había solicitado la extradición de los 39 ex militares argentinos y un civil que enfrentan cargos de genocidio, tortura y terrorismo, por delitos cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 en el país sudamericano.
La decisión del gobierno español es un revés para la investigación de Garzón, un cruzado en la lucha contra el abuso de los derechos humanos bajo las dictaduras de América Latina en las décadas de 1970 y 1980, y elimina, por ahora, la posibilidad de un juicio internacional.