La cancelación de los actos que comprenden la agenda de trabajo del presidente Vicente Fox, con la finalidad de concentrarse junto a los miembros de su gabinete en la decisión que habrá de adoptar México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el conflicto entre los Estados Unidos e Iraq, pone de manifiesto la gravedad de este asunto y el momento tan delicado en el que se encuentra inmerso el Gobierno Federal y con él, toda la nación.
Países como Rusia y Francia ya manifestaron su oposición a cualquier resolución que pretenda precipitar una decisión armada y por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es factible que hagan uso de su derecho de veto, lo que en principio pudiera parecer una vía de solución en la medida en que ese veto impedirá que eventualmente los Estados Unidos cuenten con el aval de la Organización en su marcha hacia la guerra.
Pero en esencia no es así, pues si bien es cierto que el veto de esos países nulificaría cualquier tipo de resolución, también lo es que ello no excluye la necesidad de que los demás países miembros del Consejo, entre los que se encuentra México, tengan que manifestarse en un sentido o en otro y en tal caso el Gobierno de la República se vería entrampado entre el rechazo a la guerra que impera en la mayoría del pueblo y los intereses que el gobierno de Fox tiene con la Casa Blanca.
Pero, por otra parte, la administración foxista tiene que considerar que apoyar irrestrictamente al gobierno de George W. Bush, lo llevaría a romper con toda una historia de tradición pacifista y de respeto a la libre determinación de los pueblos, lo que si bien sería satisfactorio para los E.U., le generaría un repudio manifiesto de muchos sectores internos del país y sobre todo constituiría un punto negativo más que se vendría a sumar a la lista de incongruencias en que ha incurrido el Gobierno Federal, lo que le acarrearía un mayor descrédito.