Ojalá y mi apreciación resulte totalmente equivocada, pero desgraciadamente intuyo que por segunda vez en lo que va del sexenio la falta de un cuidadoso trabajo de cabildeo para alcanzar consensos legislativos en el importantísimo asunto de las políticas recaudatorias del gobierno, pudiera volver a dar al traste con el esfuerzo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para conseguir ese paquete fiscal que le permita contar con mayores recursos monetarios como para hacer frente a la complejidad de los presupuestos de Egresos que tiene que ejercer el gobierno en beneficio del pueblo.
El paquete fiscal que envió el Gobierno Federal al Congreso contempla la reducción de la tasa general de IVA al 10 por ciento, pero también crea un nuevo impuesto de 2 por ciento, por lo que los contribuyentes acabaríamos pagando una tasa de 12 por ciento respecto de ahora si casi todos los bienes y servicios que consumamos, aplicando este nuevo gravamen a las ventas y servicios de forma general, eliminando todas las tasas cero, exenciones y tasas diferenciadas que existen hasta ahora.
El nuevo gravamen del 2% denominado Impuesto a las Ventas y Servicios al Público, podría ser cobrado por los Estados o la Federación pero también se contempla complejo el procedimiento establecido en la propuesta del Ejecutivo que no ha hecho nada a favor de la simplificación de trámites.
Este paquete de reformas en materia fiscal, de ninguna manera puede considerarse como la Reforma Tributaria que tanto reclama México. Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda prevé una recaudación adicional de alrededor de unos 43 mil millones de pesos, en tanto que cálculos realizados por distintos consultores fiscales consideran que un combate frontal a la evasión fiscal y al contrabando podría suponerle al gobierno ingresos por alrededor de 500 mil millones de pesos al año.
La cantidad adicional recaudada por el IVA generalizado es por supuesto insuficiente para la magnitud de las necesidades reales del país, por lo que la pregunta obligada pudiera ser, si vale la pena tan enorme desgaste político y el echar a andar una necesaria nueva estructura tributaria para hacer posible que sectores y productos que hasta ahora legalmente habían estado exentos del impuesto al valor agregado ahora empiecen a causarlo y por ende Hacienda tenga que auditarlos y controlarlos.
Es de esperarse que precisamente en esta acción consiga la SHCP empezar a trabajar en la tarea prioritaria de la ampliación del padrón de causantes, para que el incremento recaudatorio no sea de unos miles de millones de pesos más, sino que sea diez veces mayor, al conseguirse que se incremente el número de los causantes cautivos que es a fin de cuentas lo que permitiría la auténtica justicia fiscal.
Y es que mientras no se consiga que el peso impositivo siga recayendo en menos de la mitad de la población económicamente activa de este país, seguiremos teniendo que escuchar argumentos como los referidos por el secretario de Hacienda al decir que “el monto total de recursos que se estima para el 2004 será inferior al disponible este año; debido a que los ingresos derivados de la revisión de los ingresos petroleros y otras fuentes no recurrentes que se proponen para el próximo ejercicio fiscal serán insuficientes para compensar los ingresos extraordinarios por petróleo que se obtuvieron en el 2003”.