“De repente nos encontramos en medio de un siniestro juego de espejos en el que nada ni nadie es lo que parece”.
Maite Rico y Bertand de la Grange
La gran mayoría de los mexicanos no conocen el nombre de Juan Gerardi. Sin embargo, el homicidio de este obispo guatemalteco conmocionó a su país.
Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de publicar, en representación de la Iglesia Católica guatemalteca, los cuatro volúmenes de Guatemala, nunca más, un informe del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) que atribuía al ejército el 90 por ciento de los actos de violencia durante el conflicto con la guerrilla de 1960 a 1996.
En un principio la responsabilidad parecía muy clara. El ejército —o alguien en el ejército- había ostensiblemente mandado matar al obispo por la publicación del informe. La politizada Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado buscaba con especial empeño culpar a alguien cercano a la oficina del presidente Álvaro Arzú, el mismo que en diciembre de 1996 había puesto fin a 36 años de guerra firmando un acuerdo de paz con la guerrilla de izquierda.
Las investigaciones del caso, sin embargo, apuntaron con rapidez en otra dirección. El obispo Gerardi, además de haber sido golpeado con gran violencia, había sido mordido salvajemente por un perro. Los estudios periciales demostraron que se trataba de Balou, un pastor alemán adiestrado para el ataque propiedad de un sacerdote, Mario Orantes, vicepárroco de la parroquia de San Sebastián, quien compartía la casa parroquial con Gerardi. Se determinó que Orantes había mentido en sus declaraciones sobre el caso. Los peritos encontraron que había limpiado manchas de sangre del obispo, incluso algunas en su propia habitación, en un intento por modificar la escena del crimen.
El que las investigaciones señalaran la responsabilidad de un sacerdote, en lugar de alguien relacionado con el presidente Arzú, molestó al director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Ronalth Ochaeta, quien sometió a presión a los investigadores para que actuaran en contra de alguien cercano al mandatario. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado escogió, de hecho, a dos chivos expiatorios: Byron Lima Oliva, capitán del Estado Mayor Presidencial, de 30 años de edad y su padre Byron Lima Estrada, coronel del ejército en retiro. Como no había ninguna prueba en contra de ellos, se utilizó un anónimo para inculparlos.
Un cambio político permitió que esta acusación prosperara. En el año 2000 fue electo presidente de Guatemala Alfonso Portillo, un populista de izquierda que contó con el respaldo del ex dictador de derecha Efraín Ríos Montt. Portillo se enorgulleció durante su campaña de haber asesinado a dos hombres mientras vivía en México. Cuando llegó al poder impulsó la acusación contra los dos militares, la cual contó con la ayuda de un sorprendente testigo, un indigente que dormía con frecuencia en la entrada de parroquia y que había cambiado ya varias veces su testimonio sobre lo que había visto la noche del homicidio del obispo. Hoy los dos Byron se encuentran en la cárcel pagando una condena de 30 años por un homicidio que claramente no cometieron. Y Ronalth Ochaeta ha sido premiado por el presidente Portillo, quien lo ha nombrado embajador de Guatemala ante la OEA.
La historia completa del homicidio del obispo Gerardi y de las maniobras para aprovechar su muerte para propósitos políticos se encuentra por primera vez en un libro que acaba de ser publicado: ¿Quién mató al obispo?: autopsia de un crimen político (Editorial Planeta). Se trata de un excelente trabajo periodístico de Maite Rico y Bertrand de la Grange (los controvertidos autores de Marcos: la genial impostura). Estos ex corresponsales de El País de España y Le Monde de Francia ofrecen una obra que puede leerse como una apasionante novela de misterio, pero que en el fondo nos presenta un panorama desolador de cómo la muerte de un prelado de la Iglesia puede convertirse en un simple pretexto para manipulaciones políticas.
El libro de Rico y De la Grange es un recordatorio poderoso de que en México también las muertes de personajes importantes son utilizadas para promover causas políticas. Ahí están, frescos en la memoria, los homicidios del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y de Luis Donaldo Colosio.
Corrupción
Transparencia Mexicana ha dado a conocer su segunda encuesta de corrupción y buen gobierno, la cual ofrece en esta ocasión noticias positivas. Los mexicanos perciben que la corrupción en nuestro país está descendiendo. No sólo se reportan menos actos de corrupción sino que las mordidas han descendido en valor. Casi todos los trámites muestran una caída en la corrupción que los acompaña.
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