El castigo impuesto al Partido Revolucionario Institucional por la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, como resultado del presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos, implica una multa por mil millones de pesos. El dinero en cuestión habría llegado a la campaña de Francisco Labastida vía el sindicato de la paraestatal, para originar el escándalo llamado Pemexgate.
El dictamen que es objeto de comentario no es definitivo sino que será puesto a consideración del Consejo General del IFE el viernes próximo, en una reunión en la que el organismo determinará si ratifica la sanción impuesta. Aún en el caso de que la multa fuere ratificada, el PRI tendría derecho a impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como último recurso.
El tratamiento del caso y su solución son importantes, porque se trata de dinero del pueblo que la autoridad estima que fue utilizado en forma contraria a la Ley por lo que es pertinente que se haga justicia. Lo anterior sea dicho con reservas, porque la autoridad está obligada a justificar que su resolución se apega a derecho y por ello, es igualmente importante que el PRI tenga una amplia oportunidad de defensa.
A ese respecto la Comisión que resolvió manifiesta que la aplicación de esta multa, no afectará los recursos públicos asignados al PRI para sus gastos de campaña en las elecciones federales del seis de julio. Tal determinación es saludable, porque la autoridad debe acreditar que su decisión no está sesgada en perjuicio del instituto sancionado, con la sola intención de minar su desempeño en las elecciones referidas.