AP
CARACAS, VENEZUELA.- Dos días después que el temor de un posible enfrentamiento callejero entre oficialistas y opositores obligase a la oposición a cancelar una marcha multitudinaria, cientos de miles de adversarios del presidente Hugo Chávez tomaron por 24 horas la principal autopista de Caracas para exigir su renuncia.
Los opositores del mandatario venezolano, con sus acostumbradas banderas, cacerolas, pitos y consignas, comenzaron a concentrarse desde tempranas horas de ayer en la autopista, que comunica el este y oeste de la capital.
Los organizadores de la protesta, que se extiende a lo largo de 4.3 kilómetros, estiman que una multitud de al menos dos millones de opositores podrían acudir a la concentración entre ayer y hoy como muestra de su fortaleza, tras cancelar el 23 de enero, los actos en conmemoración de los 45 años de la democracia. Se espera que la protesta concluya a las 11:00 horas hoy.
El tamaño de concentración fluctúa entre 200,000 y 300,000 personas, a “cada rato se pueden ver ríos de gente que entra y sale de la autopista sobre todo en la mañana cuando el sol era casi insoportable”, indicó un vocero de la policía. Cerca de unos 400 agentes custodian la concentración.
El alcalde del municipio Chacao Leopoldo López, comentó que “hay mucha gente que vienen por un ratito, gritan un poco y se van, por eso pareciera que la gente que está aquí no se cansa de ondear sus banderas y exhiben una vitalidad asombrosa”.
La más reciente protesta de la oposición terminó abruptamente el lunes tras un enfrentamiento con simpatizantes del gobierno y con policías.
El incidente, en que una persona murió y 27 resultaron heridas, la mayoría de ellos baleados, se produjo cuando los manifestantes opositores se disponían a realizar una marcha, en las afueras de Caracas, y fueron interceptados por seguidores de Chávez que los atacaron con piedras, palos y botellas.
Los detalles de quién disparó se desconocen, pero esos hechos ayudaron a alimentar los temores que ya se tenían que el 23 de enero, las multitudinarias marchas organizadas por el gobierno y oposición en Caracas podían acabar en un baño de sangre.
“Creo que hicimos lo correcto en cancelar la protesta cívica del 23 de enero. Ante el creciente clima de violencia que se vive en el país, lo más prudente era pedirle a nuestra gente que se quedara en casa”, dijo el dirigente Elías Santana a la AP.
La violencia política se acrecentado desde que empezó un paro nacional. La coalición opositora Coordinadora Democrática y las mayores organizaciones empresariales y sindicales del país comenzaron un paro nacional el dos de diciembre para presionar al presidente Chávez a que convoque a elecciones adelantadas o renuncie.
Desde entonces han muerto seis personas y más de un centenar han sido heridas en una serie de choques callejeros entre partidarios del gobierno y grupos de oposición.
“Espero que el gobierno haga lo mismo ahora y mantenga a raya a sus Círculos violentos”, agregó.
Santana se refería a los ataques sufridos por manifestantes opositores por parte de los llamados “Círculos Bolivarianos”, grupos radicales considerados como el mecanismo del gobierno para intimidar a sus enemigos, aunque éste afirma que se trata de organizaciones de base que se dedican a mejorar sus comunidades.
Unos 300,000 simpatizantes de Chávez marcharon el jueves en la capital en el aniversario de la democracia venezolana, mientras la oposición se conformó con realizar concentraciones en varias ciudades del país para protestar contra la sentencia judicial que esta semana suspendió el referendo de febrero.
“Pese a que nos robaron el referendo, el ánimo está mejor que nunca”, dijo Alexandra Suárez, una estudiante 19 años, quien portaba una bolsa de dormir a su espalda.
Suárez aseguró que pasaría la noche protestando en compañía de un grupo de amigos. “Un día como hoy estaríamos seguro en la playa o en una discoteca, pero eso puede esperar. Ahora lo más importante es seguir en la calle, sin miedo, protestando para evitar que un día Chávez nos robe la vida y la libertad”.
El Tribunal Supremo de Justicia suspendió el referendo del dos de febrero en el que se iba a pedir a la población que decidiese si el presidente debe seguir en el cargo o renunciar.
El Tribunal ordenó suspender cualquier consulta electoral hasta tanto se resuelva la controversia en torno a la legitimidad de las autoridades electorales y se produzca el nombramiento de las nuevas autoridades en los términos que la constitución nacional vigente desde 1999.
El gobierno había rechazado la consulta promovida por la oposición argumentando que la constitución sólo permite un referendo revocatorio al completarse la mitad del mandato presidencial de seis años.
Chávez completa la mitad de su período en agosto próximo.
Paralelamente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo aclaró que el referendo “no tiene carácter vinculante”, y en consecuencia Chávez no estaba obligado a renunciar.
Los dirigentes opositores, conscientes de ello, insistían en realizarlo convencidos en Chávez quedaría tan avergonzado con los resultados del referendo consultivo, que pese a no estar obligado a dimitir, a fin de cuenta acabaría por renunciar.
“Queremos que Chávez se vaya. Yo voté por él, pero su arrogancia, su sectarismo y su incapacidad para unir a los venezolanos y llevar con sabiduría las riendas de la economía y el país, me empujó a ponerme en su contra”, expresó Carlos Sánchez, un comerciante de 46 años.
La oposición quiere la salida de Chávez, argumentando que ha puesto la democracia en peligro debido a sus tendencias autoritarias. Lo acusan de querer imponer políticas socialistas, administrar mal la economía y de fomentar la división de clases sociales.
Chávez rechaza las acusaciones e insiste que “la oligarquía” venezolana quiere truncar su proyecto político que busca distribuir la riqueza petrolera entre la mayoría pobre de Venezuela.